Hace más de
cuatro años que se inició la debacle financiera internacional que ha generado
una de las mayores crisis de la historia del capitalismo. Desde el principio
estaba claro que las causas de los problemas se habían originado por la extrema
financiarización económica y las políticas neoliberales. No obstante, se impuso
rescatar a los bancos bajo el pretexto de que ello salvaría al conjunto. Tras
cuatro años de fracasos continuados, se mantiene el predominio de las políticas
neoliberales, y con ellas proliferan los males económicos en forma de paro
masivo, desahucios, quiebra de economías nacionales, demolición de los
servicios públicos, aumento de las desigualdades. Se han bloqueado las
respuestas necesarias a los desafíos planetarios que plantea la crisis
ecológica y sus secuelas de hambrunas, cambio climático, contaminación, y a la
crisis de los cuidados y de la reproducción social, agudizada hasta el extremo
por el envejecimiento demográfico. La insistencia en unas mismas políticas es
muestra del poder que ejercen la minoría social que controla la economía, la
irresponsabilidad, complicidad y desorientación de las élites políticas y la
incapacidad de la economía académica dominante que no analiza los problemas
básicos que tiene planteados la humanidad.
En el estado
español estos problemas han alcanzado unos niveles insostenibles, como
resultado de un largo proceso que ha llevado al país a figurar entre los países
con mayor desempleo y precariedad laboral, y a agravar la insuficiencia de los
servicios públicos para garantizar el bienestar de la población, las
desigualdades de género y el deterioro ambiental. Una responsabilidad que recae
en los grandes grupos económicos, las políticas de los sucesivos gobiernos y
las imposiciones de la Unión Europea. El “auge” de la economía española vino
animado por una insostenible burbuja especulativa (financiada con capitales
foráneos) y por el saqueo de lo público con megaproyectos, privatizaciones y
prácticas corruptas. Ello ha generado el endeudamiento masivo (fundamentalmente
de bancos, empresas privadas y hogares), la relativa desindustrialización del
país, la depredación ambiental y una política fiscal que ha debilitado los
ingresos públicos y reforzado las desigualdades.
El nuevo gobierno
está llevando a cabo una política de la que sólo se puede esperar el
agravamiento de la situación. La imposición dogmática de recortes al gasto
público, la derogación de leyes ambientales, las nuevas ayudas a la banca y la
enésima reforma laboral significan un reforzamiento de las líneas de actuación
que nos han llevado hasta aquí. Seguir por este camino conduce a profundizar
nuestros males, al aumento de las desigualdades, al desastre ambiental, a la
insostenibilidad de la vida cotidiana de muchas personas, a la degradación como
sociedad.
Como economistas
críticos, que no participamos de la ideología económica dominante, y como
personas preocupadas por el bienestar colectivo, consideramos que hay que
explorar otras vías alternativas y hay que implicar a la sociedad en la
búsqueda de diagnósticos y soluciones. Un enfoque que debe tener como
prioridades principales:
·
Políticas
de cambio de la estructura productiva y energética con objeto de eliminar los
desequilibrios económicos y los negativos impactos ambientales del modelo
actual.
- Reducir las insoportables desigualdades
de renta mediante cambios en los procesos de distribución y redistribución
de la misma. Una política económica y laboral orientada a garantizar
empleo, salarios y condiciones laborales satisfactorias para todas las
personas.
- Una reforma fiscal auténticamente
progresiva y orientada a dotar al sector público de ingresos suficientes
para cubrir las necesidades colectivas y favorecer la reconversión del
sistema productivo
- Una reforma profunda del sistema
financiero, reduciendo su peso a todas luces excesivo y sometiéndolo al
control público.
- Una reorientación de las principales
instituciones económicas –públicas y privadas-, democratizándolas, con
objeto de impulsar una economía social y ecológicamente sostenible.
- Reforma en profundidad de las
instituciones comunitarias e internacionales con el objetivo de que
favorezcan la reorientación de las actividades económicas en el sentido
indicado.
- Plantear el cuidado directo de las
personas como una cuestión de responsabilidad de la sociedad en su
conjunto y no como un asunto privado de las mujeres.
·
Exigir
una auditoría ciudadana de la deuda pública y de las garantías públicas de la
deuda privada.
Pensamos que
estos objetivos requieren un proceso de participación y movilización social y
llamamos a los economistas y científicos sociales críticos a impulsar y
colaborar para que esto sea una realidad.
Sevilla, febrero 2012
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