Islas Balares: La caída de un castillo de naipes

Publicat originalment a SinPermiso (11-10-2020)

Los Pullman son unos edificios en Palma (Mallorca), situados en la zona de Cala Major, que, construidos en los años 60 y como apartotel, han devenido en icono de décadas de degradación y escenario todo tipo de conflictos sociales. Esta huella “suburbial” de la Mallorca  turística es para los apartamentos Pullman, por más intervenciones urbanísticas i/o de remodelaciones que se hagan, indeleble. Son una postal (que no se vende en las tiendas de souvenirs) de las desigualdades. Allí vive gente humilde, mujeres y hombres con vidas precarias, con alto riesgo de pobreza, y justo a unos pocos cientos de metros está el Palacio de Marivent, es decir, la residencia veraniega de la monarquía española que, dicho sea de paso, ejerce una consentida ocupación del palacio palmesano. Marivent fue donado por el mecenas y pintor Juan de Saridakis al pueblo de Mallorca, y, con posterioridad, la franquista Diputación de las Islas Baleares, violando la letra y el espíritu de la generosa donación, expropió a la ciudadanía el palacio y los terrenos para uso y disfrute de los borbones (Este pasado verano se ha constituido la asociación ciudadana “'Recuperem Marivent” cuyo objetivo es la devolución del palacio a la ciudadanía).

El caso es que, en las primeras semanas del estado de alarma, se estrenó en la plataforma Filmin la película del director mallorquín Toni Bestard, titulada “Pullman”. La cinta que, en el momento de escribir estas líneas, se está proyectando en las salas de cine españolas, es una fantástica metáfora -desde la mirada de un niño (Daren) y una niña (Nadia), los protagonistas principalísimos de la cinta- del modelo económico, social, político, y cultural en el que se han asentado las Islas Balares en las últimas décadas. Valga como ejemplo una escena en la que se produce es siguiente diálogo: Nadia: “Mi madre trabaja para la gente rica en los hoteles”. Daren: “Mi padre los construye”. Ambos progenitores realizan, realmente, trabajos subalternos y precarios en el turismo y en la construcción ligada a la actividad turística. La película en cuestión refleja la vidas precarias del modelo de crecimiento de “Todo Turismo”, o, lo que es lo mismo, un modelo de sociedad basado en el monocultivo turístico, que ha hecho que las Islas Balares sean una de las regiones del mundo con mayor tasa de turistización.

Ténganse en cuenta que las Islas Balares, con una superficie de 4.992 km², y una población de 1.198.576 habitantes (una densidad de población de 240 habitantes por Km²), recibió en 2019 un total de 16.453.697 turistas (109.385.188 pernoctaciones, con una estancia media de 6,6 noches). Es un modelo que precisa de más y más turismo por tierra, mar, y aire, y de cualquier segmento (si bien en los últimos años han experimentado un fuerte crecimiento el de pisos, ligado a las plataformas digitales, y el de lujo. El primero de ellos es causante de la gentrificación de barrios populares y pueblos, y del encarecimiento del precio de la vivienda en alquiler y en propiedad. El segundo pone de manifiesto que, con el desarrollo turísticoespeculativo del lujo (“todos los que trabajan en el lujo de experiencias conocen la importancia del dinero que se mueve, especialmente en la hostelería de gran lujo, la venta y el alquiler de yates, la organización de recepciones o el negocio inmobiliario de privilegio”[i]), progresa la distopia neoliberal en la que una minoría puede vivir vidas de lujo, mientras una mayoría tiene que vivir vidas precarias. El crecimiento de la industria balear de lujo (“… la globalización de ese consumo de lujo […] se traduce sobre todo por el boom del negocio inmobiliario internacional, que ofrece a los superricos un abanico de lugares de ensueño en todos los rincones del mundo (Bahamas, Antillas, Costa Azul, Baleares, Cerdeña, Tailandia, Indonesia, grandes capitales del mundo, etcétera”[ii]) ha ido en paralelo al crecimiento del fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres,  a la pérdida de capacidad de integración social del trabajo remunerado.

El caso es la presión humana sobre Baleares se ha disparado un 45,7% en los últimos 20 años, lo que supone, según el Índice de Presión Humana (IPH), un aumento de 641.210 personas. Al tiempo, la tasa de abandono escolar[iii] y de Arope se mueven en torno al 25% y al 20%, respectivamente. La consolidación del “Todo Turismo con tocho” (modelo de crecimiento especialmente incentivado para superar la crisis del 2008) ha hecho que Baleares sea de las comunidades autónomas con más desigualdad entre ricos y pobres. Un dato: en los últimos años la renta media se ha incrementado un 11%, pero en el caso de la población con menos ingresos esta subida apenas ha sido del 0,6%[iv]. Ante esta realidad, institucionalmente se consolidó una retórica entorno de un supuesto “crecimiento sostenible”, una palabrería sobre la “diversificación económica”, y una propaganda de vacuas “declaraciones de emergencia climática”, que poco –o nada- se correspondían  con la práctica política.

Cuando afirmo que se consolidó esta retórica me refiero fundamentalmente a dos cosas: Al hecho de que, por primera vez en la histórica autonómica balear, se enlazaron dos legislaturas consecutivas con un gobierno presidido por el PSOE-PSIB. Es decir, desde 2015 existe una mayoría parlamentaria “progresista”, formada por PSOE-PSIB, PODEMOS (en la legislatura actual Unidas Podemos), MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, y Gent per Formentera. Aunque entre una legislatura y otra hay una diferencia sustancial: en la de 2015 el peso parlamentario de podemitas y ecosoberanistas era de veinte escaños, por 14 del PSOE-PSIB; en la actual los socialistas suman un total de 19 escaños, y el resto de “progresistas” trece. Quiero decir con ello que en la anterior legislatura autonómica existió una correlación de fuerzas teóricamente más sensible a revertir el guion de un modelo económico medioambiental y social necesitado de, cuanto menos, transitar hacia el decrecimiento turístico; a parar la construcción de mega infraestructuras viarias, portuarias, y aeroportuarias; y a avanzar hacia un imaginario de sociedad con mayores cotas de justicia social y ecológica. Sin embargo, a pesar de las grandes diferencias con los gobiernos del PP en materia de recortes de derechos, gasto en servicios públicos esenciales, políticas de memoria democrática, y en aspectos ambientales, fue una oportunidad perdida. Crecieron el número de plazas turísticas, los cruceros y la masificación turística; se pusieron en marcha proyectos viarios, ampliaciones de aeropuertos, y puertos y el modelo de crecimiento balear siguió repartiendo muy mal la riqueza generada. Los datos avalan esta última afirmación: Según la publicación "Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias", de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), con datos del ejercicio fiscal de 2018 (los últimos disponibles), el número de personas asalariadas con retribuciones anuales que no llegaron al Salario Mínimo Interprofesional (10.303 €) fue de 156. 468, ¡el 29% del total! Es más, la pobreza laboral extrema afectaba a un total de 76.810 personas (en torno a un 6% más que el 2009), que no superaron una retribución salarial anual equivalente a la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (5.151 €).

La segunda cosa relacionada con la consolidación de una particular retorica gubernamental tiene que ver con el aparato propagandístico en que se ha convertido el Consolat de Mar (sede de la presidencia de gobierno). La presidenta Armengol se ha rodeado de un eficaz equipo de periodistas que no paran de generar discursos bastante distantes a la realidad. El “armengolismo” consiste en, por ejemplo, trufar los discursos del palabro “sostenibilidad”, al tiempo que se apuesta por más turismo, y, por tanto, por más emisiones de CO2 generadas por la industria de la aviación; presentarse como campeones de la trasparencia y del “dialogo social”, aunque durante años se ha negado a recibir a la Plataforma Antiautopista, que se opone a la construcción de una mega autopista en Mallorca, y desoye las peticiones de participar en el “Dialogo Social Autonómico” del amplio movimiento ecologista balear; o hacer bandera de los éxitos de la lucha contra la precariedad laboral, independientemente del alargamiento de las colas en las entidades de caridad de trabajadoras y trabajadores pobres[v].

En estas estábamos, preparándonos para una nueva temporada turística 2020 desbordante de records (la preocupación era frenar el “turismo de excesos” y no tanto el exceso de turismo), con proyectos de ampliaciones de aeropuertos (ocultados bajo la retórica de “remodelaciones”), y crecimientos de la construcción (estrechamente ligada a la hostelería y el sector residencial de lujo, y no a dar respuesta las necesidades de vivienda de las clases populares). Estábamos instalados en un no parar en el crecimiento de alquileres de vivienda habitual, promesas de una inconcreta “transición energética”, eufemismos sobre “regulación” (no reducción) de llegadas de cruceros, un negacionismo sobre el exceso de coches -y la no ¡superación de los déficits del  trasporte colectivo- para justificar una política de infraestructuras viarias demencial, reivindicando “a Madrid” -y siendo arma arrojadiza en la disputa partidista- un Régimen Especial para las Islas Balares (REIB) sin que , por cierto, se haga –excepto desde ámbitos del ecologismo social- la más mínima aproximación al para qué se quiere el REIB: ¿Para mantener el modelo con mayores ganancias empresariales?, ¿Para cambiarlo?, ¿Para transitar hacia escenarios de mayor justicia social y ecológica? o ¿Para enriquecer más a las elites? ¡Es patético, dicho sea de paso, que en el “consenso social” sobre el REIB los sindicatos CCOO y UGT hayan comprado la falsedad (demostrada en el caso de las Islas Canarias) de la “teoría del goteo”, es decir, la suposición neoclásica según la cual la creación de riqueza -en el caso de las Islas Baleares, especialmente, riqueza turística- supone el remedio a los problemas de pobreza e injusticia social, y, por lo tanto, es la garantía de cierto progreso, y una aceptable cohesión social.

Y, en estas, se declaró pandemia de la covid-19, se decretó el Estado de Alarma, y el confinamiento. El castillo de naipes del “modelo de éxito del Todo Turismo con tocho” se cayó, mostrando, en toda su crudeza, su fragilidad.

La crisis sanitaria se ha gestionado con claroscuros. Los factores que -sin quitar gravedad a la pandemia, entendiendo las lógicas improvisaciones ante lo desconocido, y suscribiendo los merecidos aplausos al personal sanitario- han evitado escenarios dramáticos son, en mi opinión, los siguientes: la insularidad, que permitió cerrar por mar y aire (de hecho, la presión humana sobre el territorio balear cayo a niveles de hace 16 años); un sistema hospitalario público y privado con instalaciones estructuralmente dimensionadas para una importante población flotante como consecuencia de la estacionalidad turística; una acertada política -desde la anterior legislatura- de mejorar la atención primaria pública; y, la mayor impacto del confinamiento en la reducción de la actividad laboral -y la movilidad a ella asociada- por dos razones: temporada turística estacional medio-baja y grandísimo  porcentaje de la población ocupada incluida en los ERTEs debido a la extraordinaria especialización turística de la región. Cosa distinta ha sido la gestión de la “desescalada”, caracterizada por unas ansias convulsivas en retomar la actividad turística internacional, nacional, y local. El ejemplo más grotesco e inútil fue el “aplaudido” Plan Piloto”, que, como experiencia única en el Reino de España, se desarrolló a principios del mes de junio. De nada sirvió: Ángela Merkel, Boris Johnson, y otros mandatarios de países emisores de turistas mandaron parar. Y casi todo se paró. Algo de turismo español y local no impiden que se pueda hablar de la caída del castillo de naipes construido sobre la total dependencia de un sector económico tan vulnerable como el turismo.

Pongamos algunos números a esta caída: las Islas Baleares encabezan el ranquin de comunidades autónomas en cuanto a previsiones de pérdida de PIB (entre un 30% y un 40%); los datos de paro y empleo –a la espera de conocer los de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2020- también las sitúan, en septiembre, en primera posición en bajada interanual de afiliaciones a la Seguridad Social (-13%), en aumento de paro registrado –, sin contar las personas que están en ERTOs- en relación a septiembre del año anterior (+ 91%), y en porcentaje de puestos de trabajo protegidos por los ERTEs (14,1%). Téngase en cuenta que esta medida de los ERTEs ha tenido una especial repercusión en nuestro mercado laboral, siendo las Islas Baleares la comunidad autónoma más beneficiada puesto que la afectación llego a ser en el mes de mayo del 31,1% (más de 152.000) del total de personas trabajadoras afiliadas, mientras que la media española era del 16,2%. Si a los ERTEs les añadimos la nueva protección a los Fijos Discontinuos (una modalidad contractual muy favorable para el capital turístico) habrá que concluir que buena parte del tejido empresarial y del empleo que subsista una vez superada la pandemia, será por un rescate con dinero público del monocultivo turístico privado insular. Debería haber un antes y un después en el modelo de crecimiento de las últimas décadas. En cualquier caso ha quedado clara la hipocresía neoliberal de “¡abajo el Estado si no es para rescatar al empresariado!”

Es más, en previsión de –en tiempos de antropoceno- probables nuevas pandemias, el decrecimiento turístico, la diversificación económica, y una política económica coherente con la situación de emergencia climática, deberían ser prioridades absolutas de la agenda política autonómica de un gobierno “progresista”. Una agenda que debería complementarse ejerciendo presión sobre el Gobierno de España (igual que se ejerce con el asunto del REIB, o se ha ejercido en lo referente a las sucesivas prórrogas de los ERTEs y la prestación extraordinaria para los Fijos Discontinuos) para la reducción de la jornada de trabajo máxima legal, y a favor de un mayor reparto de la riqueza por la vía de una Renta Básica Incondicional, y de una fiscalidad verdaderamente justa.

Y, sin embargo, se va imponiendo –sin que podemitas y ecosoberanistas se resistan demasiado- el puro conservadurismo. El más de lo mismo -por convicción o por invocación del siempre socorrido “mal menor”[vi], que en Baleares se practica tanto como el turismo de sol y playa- que se explicita en el mensaje gubernamental según el cual el objetivo es situarse en el punto exacto de antes del confinamiento.

En esta orientación no se da puntada sin hilo: primero se firma el “Pacto de Reactivación de las Islas Baleares” que, en pocas palabras, es la renuncia explicita a cualquier inicio de transición imprescindible para que se produzcan cambios en el particular modelo económico balear; seguidamente se aprueban un conjunto de “medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19", que, realmente, son rebajas de requerimientos medioambientales, desregulaciones administrativas por doquier, regalos a los hoteleros que podrán ampliar el número plazas de alojamiento en sus instalaciones cuyo volumen construido podrá crecer hasta un 10%, “olvidos" de, por ejemplo, la economía Social y Solidaria, etc. Además, el movimiento ecologista, que ha impulsado la plataforma “La vida al centre” en reclamación de una transición ecosocial, es marginado de cualquier participación en los diálogos institucionales (confrontar argumentos y propuestas con el ecologismo social no entra en la retórica de campaña electoral permanente del “armengolismo”); se presiona para que los fondos comunitarios sean para reactivar la actividad turística, se practica una obsesión enfermiza  por establecer “corredores turísticos seguros”; se ignora la incómoda realidad de que la planta hotelera está, desde hace algún tiempo, en venta a fondos de inversiones (una realidad que se acelerará en la medida que se acaben los créditos ICO); se manifiesta la comodidad con el Ingreso Vital Básico y su hermana balear, es decir, la Renta Social Garantizada; la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, al tiempo que su gobierno anuncia la tercera ola de la covid-19, proclama -con todo el descaro e imprudencia en un contexto de incerteza pandémica- que la economía se recuperará “de forma vigorosa” a partir de la próxima primavera…

En cualquier caso, lo más trascendente son los toques de sinceridad y de realismo que coyunturalmente aparecen en la escena política, económica, y social. El que mejor resume la situación –habría sido un buen final complementario a las aventuras en la Mallorca turistizada de Daren y Nadia en la película Pullman- es, sin duda, la escena de la presidenta de la gran patronal de Baleares (la CAEB, es decir, la CEOE local) estallando en llanto al cerrar su intervención ante la dirección de la organización empresarial ¡Un lloro sincero por la caída del castillo de naipes del modelo económico, social, político, y cultural del Todo Turismo!

A pesar de vivir en tiempos de incertidumbre, hay algunas certezas. Una de ellas es que la coyuntura política se entremezcla con lo que es estructural. Lo estructuralmente necesario es que se produzcan cambios que difícilmente vendrán de las instituciones o del establishment. La coyuntura está caracterizada por la disputa entre lo institucional -que juega un papel de freno-, y el movimiento social a favor de la transición ecosocial en su papel de empujar la consecución de cambios. Aunque sean cambios de, en palabras Eduardo Galeano, "cosas chiquitas” –por ejemplo no gastar ni un solo euro en promoción turística-,  porque "... al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla aunque sea un poquito es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

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[i] “El nuevo lujo. Experiencias, arrogancia, autenticidad”. Yves Michaud. Taurus, 2015. Pag. 10.

[ii] “El nuevo lujo. Experiencias, arrogancia, autenticidad”. Yves Michaud. Taurus, 2015. Pag. 55.

[iii] Porcentaje de personas entre los 18 y los 24 años que han abandonado su formación sin haber obtenido el título de Bachillerato o Formación Profesional de grado medio.

[iv] Dato extraído del VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España.

[v] Un reciente trabajo de la Fundación FOESSA con el título “Vulneración de derechos: Trabajo decente” da cuenta de un conjunto de indicadores de precariedad de la población laboral de las Islas Baleares. Resalta el siguiente: En el 20,7% de los hogares la persona sustentadora principal se encuentra en situación de Inestabilidad Laboral Grave que se define por cumplir al menos una de las siguientes categorías a lo largo del último año: haber estado desempleado durante 3 meses o más, haber contado con 6 o más contratos, haber estado contratado por 3 o más empresas, o trabajar sin contrato ni prestaciones a la Seguridad Social.

[vi] Parece poco probable una fórmula de gobierno autonómico alternativa a la actual que o sea el “trifachito”, es decir, PP, Vox y Ciudadanos.

Después de la pandemia del COVID-19: ¿vuelta a la “normalidad”?

Publicat originalment a Sin Permiso (05-04-2020)

I.-  Primeros datos sociolaborales después de la declaración del estado de alarma: El pasado jueves, 2 de abril, se conocieron los primeros datos oficiales de paro registrado y de afiliaciones a la Seguridad Social desde la entrada en vigor, el 15 de marzo, del estado de alarma en el Reino de España para hacer frente a la pandemia del coronavirus COVID-19. El mes de marzo finalizó con un total de 3.548.312 de personas en paro registrado, lo que significa una variación interanual de 293.228 personas en términos absolutos, y de un 9.01% en términos porcentuales. Sectorialmente, la mayor variación es, con diferencia, la del sector de la construcción, con un incremento del 22,10%, seguido de servicios (9,91%), industria (7,76%), y agricultura (2,65%).

Por lo que hace referencia a las afiliaciones a la Seguridad Social, el mes acabó con una media de 19.006.760 afiliaciones (aunque el mensaje gubernamental se refiera a “afiliados”, siendo esta una cuestión muy relevante, como veremos más adelante). Este resultado absoluto supone un descenso interanual de 36.817 afiliaciones (-0,19%). En cualquier caso, el dato más revelador del inicio de la crisis laboral asociada a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es que el saldo a último día de marzo (un mes en el que, tradicionalmente, se empiezan a activar sectores económicos estacionales, singularmente hostelería y restauración, y crece la actividad de la construcción y de actividades a ella asociadas para la desaletargación de algunas  importantes zonas turísticas) refleja una pérdida de 833.979 personas afiliadas. En este sentido, hay que advertir que, si nos referimos a los registros totales de un día concreto -y no a la media del mes o de otro periodo-, sí que refleja un determinado número de personas.

En cualquier caso, todo indica que estos datos oficiales son sólo la punta del iceberg de un panorama sociolaboral de extrema gravedad. Si se requiere hacer frente a esta crítica situación con criterios de justicia social, se tendrán que poner en marcha otros dispositivos legales más estructurales que las medidas coyunturales, como, entre otros, los ERTEs, el permiso retribuido recuperable, y la prohibición de despedir alegando fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Adviértase que, a la espera de los primeros pronunciamientos judiciales, al no haberse tipificado como nulos los despidos en los que la empresa alegue estas causas, en mi opinión, siguen siendo posibles estos despidos, aunque sean calificados de improcedentes. Es decir, sigue siendo posible despedir por estas causas, aunque con una indemnización ligeramente superior.

Por otra parte, una gestión justa de esta situación requiere un conocimiento lo más exacto posible de la realidad. En este sentido, tal y como ha sucedido en la supuesta recuperación de la anterior crisis sociolaboral, es fundamental ajustar las metodologías de las estadísticas laborales a la realidad del llamado “mercado de trabajo” realmente existente. En caso contrario, habrá que recurrir a la ardua y complicada labor de poner en pie procesos de epistemología popular, y a incentivar trabajos académicos “no mainstream” para conocer la magnitud de la pandemia de precariedad laboral y vital provocada, y evaluar el grado de inseguridad e insuficiencia económica y social de amplias capas de la sociedad.

II.-  Mentiras, grandes mentiras y estadísticas

Téngase en cuenta que las actuales estadísticas laborales españolas no han sido permeables a la trasformación de calado que ha sufrido la cuestión laboral como consecuencia del austericidio perpetrado durante la crisis financiera y económica global de 2008-2012. Por tanto, las, digamos, patologías del mal llamado “mercado de trabajo” previas a la crisis provocada por el COVID-19 pueden tener un diagnostico bastante defectuoso. Veamos, sucintamente, algunos ejemplos:

a)      La antigualla del registro administrativo de paro: Las cifras mensuales de “paro registrado” siguen unos criterios registrales (para nada estadísticos) establecidos por una Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985 (BOE de 14-03-1985). Dicha orden, dictada por el entonces Ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, se justificó por “las modificaciones producidas en los últimos años en la naturaleza y condiciones del mercado de trabajo”. Y así seguimos. Como si en estos últimos 35 años “la naturaleza y condiciones del mercado de trabajo” no hubieran sufrido unas brutales modificaciones (entre ellas, la liquidación del monopolio público de los servicios de búsqueda de empleo), que expulsan de este registro a mucha gente que busca y necesita un empleo remunerado.

b)     El cuestionable uso del registro de afiliaciones a la Seguridad Social: Cada mes se presentan, junto a las cifras de “paro registrado”, los datos en términos de media de las afiliaciones a la Seguridad Social. La variación de esta cifra media se suele identificar con la variación de ocupación de aquel mes. Para que esta asociación de media mensual de afiliaciones y empleo creado o destruido fuera correcta debería hacerse, en el mejor de los casos, comparando las cifras absolutas de días concretos, que sí se corresponden con personas y no con “actos administrativos”. Téngase en cuenta que en la “metodología” de este registro se establece que “debe indicarse que el número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino con el de situaciones que generan obligación de cotizar; es decir, la misma persona se contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga, ya sea porque tiene varias actividades laborales en un mismo régimen o en varios". La media mensual es el resultado de una división en la que el dividendo es cada vez mayor por el importantísimo número de altas en el registro de menos de un mes. Dicho claramente: Antaño, cuando las contrataciones de duración inferior a 30 días eran residuales, podría ser útil asociar el resultado medio de afiliaciones a la Seguridad Social con las variaciones de empleo existentes. Por el contrario, hoy en día, con una duración media de los contratos (49 días en 2019) a la baja (más de un 40% en los últimos 12 años), puede ser, más bien, un indicador de precariedad laboral.

c)      El próximo 28 de abril conoceremos la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2020. En términos de ocupación y paro recogerá sólo en parte los efectos sociolaborales de la pandemia del COVID-19. Habrá que esperar a los resultados del segundo trimestre para disponer de datos más robustos. Conviene advertir, no obstante, que, aun siendo la EPA una operación estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) de total solvencia técnica, y que forma parte de la oficina estadística de la UE (Eurostat), para el análisis de sus resultados hay que tener en cuenta que su metodología es poco exigente para clasificar a las personas ocupadas (personas que, al menos, han tenido una ocupación de una hora durante la semana de la encuesta), pero muy exigente para incluirlas en la categoría de paradas (disponibilidad absoluta para trabajar, busca súper activa de ocupación, etc.).

III.- Situación de partida: Más debilidad de la parte más débil

En cualquier caso, las patologías de la situación sociolaboral previas al COVID-19 especialmente importantes son las que, aunque el endeudamiento de familias y personas sea sustancialmente menor, provocan un extraordinario debilitamiento de las “defensas sociales" en relación al inicio de la anterior crisis: a) Siguen, excepto pequeños retoques, en vigor y provocando estragos (entre otros, el debilitamiento de la capacidad negociadora del sindicalismo, y los procesos de externalización) las Reformas Laborales de 2010 y 2012; b) el poder adquisitivo de los salarios de buena parte de la población ocupada va, independientemente de subidas salariales legales o convencionales, a la baja por el encarecimiento especulativo de necesidades tan básicas como la vivienda; c) es innegable que el fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres es una realidad suficientemente extendida; d) las contrataciones efímeras (las de muy corta duración) ya no son una forma de entrada al mundo de la ocupación formal, sino que se han convertido en una manera de estar en él; e) no hay constancia de que haya disminuido el número de falsos autónomos, y, sin embargo, la hay de la aparición de nuevas situaciones “deslaboralizadas”, como, por ejemplo, las personas externalizadas, o los “riders”; d) la seguridad real de la población asalariada no temporal ha devenido en una seguridad muy relativa, puesto que han disminuido la protección del contrato fijo (el año pasado el 40% de los contratos indefinidos duró menos de un año), con mayores facilidades de despido, y de verse afectado por un ERO; e) las brechas de género persisten, y la precariedad severa tiene, cada vez, más cara de mujer; f) no se ha ratificado el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos; g) la "hucha de las pensiones" está bajo mínimos; h) los ahorros de los "abuelos" han menguado; i) las tasas de cobertura de las prestaciones por desempleo están lejos de ser óptimas; j) la jurisdicción social está colapsada; k) no tenemos una fiscalidad más justa, ni se ha avanzado sustancialmente en la eliminación de los paraísos fiscales; l) la no renovación del sistema de financiación autonómica ha sido una -aunque no única- causa objetivamente estructural en el debilitamiento de los servicios públicos de salud y de educación, y la atención a las personas en situación de dependencia, y los servicios sociales acumulan toda clase de déficits; etc.

En definitiva, tal como indican, entre otros, los estudios de FOESSA-Cáritas, o de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), el empleo ha dejado de ser un proveedor garantizado de renta, más o menos suficiente para una cierta integración social, la precariedad laboral y vital se ha extendido a cada vez más segmentos de la población no rica, y, por otra parte, el desbordamiento por insuficiencia e ineficacia del sistema de garantía de ingresos condicionados resulta a todas luces evidente. La consecuencia de todo ello –aunque no sea la única causa- es que ha aumentado con creces la desigualdad, hasta el punto de que no es exagerado hablar de una autentica secesión de los ricos y las ricas.

IV.- ¿Volver a la normalidad?

Este era el panorama sociolaboral pre crisis provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Desde que se declaró el estado de alarma, dada la excepcional situación de paralización –menos estricta en los primeros quince días, más en esta segunda quincena y, al parecer en el momento que escribo estas líneas, la quinta y sexta semana se volverá al grado de paralización económica y de confinamiento de la ciudadanía del inicio- de la actividad económica, en cada uno de los consejos de ministros y ministras ordinarios y extraordinarios el Gobierno de Coalición Progresista se van decretando medidas laborales excepcionales como las que mencionaba al principio de este artículo. Todas ellas tienen un importante grado de coyunturalidad. Sin embargo, la prolongada y pertinente pandemia de precariedad laboral no ha merecido decisiones estructurales consistentes en la deconstrucción de las políticas de sacrificios para la población trabajadora, empezando, por ejemplo con la derogación de la Reforma Laboral de 2012.

También se van poniendo en marcha algunas políticas de rentas condicionadas (subsidio de desempleo para trabajadoras y trabajadores del hogar, y para autónomos; prestación de desempleo con condiciones especiales y ventajosas para las personas trabajadoras afectadas por los ERTES; ayudas para el alquiler; y se anuncia una, al parecer inminente, nueva renta mínima), todas ellas insertas en una suerte de excepcionalidad que, en algunos casos, singularmente las ayudas para el alquiler, no resarcen del expolio de derechos a las clases populares practicado durante la larga etapa de políticas de austericidio.

Es muy cierto que estas medidas, tanto laborales como sociales, distan muchísimo de las que se tomaron en aquellos últimos consejos de ministros del Presidente  Zapatero (PSOE), y en los de, prácticamente, toda la legislatura de Mariano Rajoy (PP) en los que, en cada una de sus reuniones, no faltaba, al menos, un acuerdo por el cual se dinamitaba un elemento de cohesión social o de equidad. Pero, más allá de sus insuficiencias, lo realmente preocupante es que parecen insertarse en una estrategia de “cuando esto pase, se volverá a la situación previa”.

Estos días excepcionales de confinamiento circula por las redes sociales una imagen en la que se puede ver un muro en la que se ha escrito lo siguiente (traduzco del original en catalán): “No podemos volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema”. Desconozco si la imagen es verídica, o se trata de una fotocomposición, pero, en cualquier caso, me parece una magnifica advertencia para los tiempos que se avecinan. La ausencia de Renta Básica (universal e incondicional) era la “normalidad” de la privación de garantía de ciudadanía, dignidad, y libertad para todas y a todos. El no abordaje de raíz de la triple crisis ecológica (clima, biodiversidad, ecosistemas) era la “normalidad” de caminar hacia un planeta inhabitable para las personas que no sean ricas o muy ricas. En resumen, una vuelta a la normalidad “neoliberal conservadora” o “neoliberal progre” de capitalismo extractivista no es la solución, ni en el ámbito sociolaboral, ni en el de los derechos democráticos, ni, por supuesto, en el medioambiental. Por eso, la consigna de “no podemos volver a la normalidad” nos anuncia tiempos de conflicto y movilización social. ¡Nunca fue cierto lo del fin de la historia!

Desahucios a palos contra Derechos Humanos

En la ciudad de Palma -la capital de la comunidad autónoma de las Islas Baleares- este 10 de diciembre de 2019 se vivió de forma un tanto peculiar el Día de los Derechos Humanos. Mientras las instituciones hacían actos institucionales llenos de retórica, un grupo de activistas de la Plataforma STOP Desahucios, se concentraba frente el número 3 de la calle Parc, cerca del barrio palmesano de Santa Catalina, que es una de las zonas que sufrió tempranamente la gentrificación por la llegada de vecinos del norte de Europa y convirtieron la vivienda en pura especulación, y el derecho a ella en una quimera para las personas no muy ricas. El lugar de la concentración de los y las activistas no está lejos del barrio de Son Espanyolet, donde el movimiento vecinal está en pie de guerra contra la invasión del turismo vacacional que los quiere gentrificar.

En la proximidad de estos dos escenarios de luchas, más o menos explicitas, por el Derecho a la Ciudad, y mientras en los solemnes salones institucionales se hacían discursos (quizás alguien citó retóricamente el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”), se iba concentrando gente con el objetivo de impedir el desahucio de una familia que acumulaba una deuda de 2.500 euros por varias mensualidades de alquiler. El goteo de desahucios es, en la actual fase de negación del derecho a una vivienda digna, muy mayoritariamente por el encarecimiento especulativo de los alquileres, en un contexto en el que las Reformas Laborales de 2010 y 2012 impiden que los salarios ganen capacidad adquisitiva.

Supongo que la burocracia del aparato de justicia no atiende a conmemoraciones como la del Día de los Derechos Humanos, pero la coincidencia con uno de los desahucios más crueles de los que últimamente se han producido en Palma no deja de ser una buena ocasión para insistir en la imposible convivencia de neoliberalismo y derechos humanos, que Julie Wark explica en su “Manifiesto de derechos humanos”. Un texto que, por cierto, conviene releer tanto en tanto.

El caso es que, en torno a este levantamiento se pueden hacer varias reflexiones interesantes, que van más allá del caso concreto. Pero, primero, contextualicemos en caso: Oscar Kacper Szczesniak Kalinowski (Palma, 2002) es un joven que se mueve en silla de ruedas, y que, con solo 17 años, ha sido operado 26 veces como consecuencia de la docena de enfermedades crónicas que padece. Todo ello no le impide tener, al menos en apariencia, una energía resistente envidiable. Lo demostró protestando contra el anunciado desahucio frente el Parlamento de las Islas Baleares, en el Pleno del Ayuntamiento de Palma, u organizando una huelga estudiantil en el colegio concertado Virgen del Carmen, donde cursa primero de bachillerato. Su padre trabaja todas las horas que puede, y a su madre, desde hace años, no tiene tiempo para dedicarlo a un empleo remunerado  pues tiene que estar pendiente de las necesidades, dado su estado de salud, de su hijo Oscar. El contexto es pues: Un hogar con sustentador único (el padre) que participa del llamado mercado de trabajo (con las precariedades que nos han dejado las reformas neoliberales); un miembro adulto (la madre) imposibilitada de participar en el sustento del hogar pues trabaja (sin retribución, claro está) en las imprescindibles labores de cuidados que requiere la situación de Oscar. El tercer miembro del hogar es, como ya se ha dicho, un joven con discapacidad, con dificultades de movilidad y múltiples enfermedades ¡Las dificultades para llegar a fin de mes son imaginables… pero, oficialmente, no es un hogar pobre! E, insisto, la expulsión (la extracción propia del actual capitalismo extractivista global y local) de la familia Kacper de la vivienda en la que vivían desde hacía algo más de 14 años estaba más que anunciada, y era conocida por las administraciones públicas.

Vayamos ahora a una media docena de reflexiones que, a colación del caso concreto, dan pie al debate más general:

I.- El peligro de “normalizar” el autoritarismo: La delegación del gobierno (en funciones) del PSOE menosprecia cualquier cosa parecida a mecanismos de mediación en las protestas anti desahucios, o en cualquier otro ámbito de protesta que cuestione el establishment “neoliberal conservador” o “neoliberal progre”,  como por ejemplo el de la anti masificación turística. Por parte de la policía se práctica una desproporcionada contundencia ante la resistencia y desobediencia pacífica ¿Alguien dará explicaciones por las contusiones que sufrió Oscar en el desahucio del día de los Derechos Humanos? Es más, el portavoz de Stop Desahucios es detenido, y puesto en libertad, después de muchas horas y con cargos. La aplicación de la “Ley Mordaza” en manos progresistas no es muy diferente a la que hacían sus mentores del PP. Suma y sigue: La dirección del colegio de Oscar boicotea la huelga estudiantil prevista para el día del desahucio, sin que, de momento, se sepa que la administración educativa haya abierto expediente para averiguar si se conculcaron derechos fundamentales de los chavales y las chavalas ¡El de huelga de solidaridad, en defensa del derecho a la vivienda, y de unas condiciones óptimas de estudio para Oscar, sin duda lo son!

II.- El fracaso de los “subsidios” (monetarios, en especies, o en servicios) condicionados: Las administraciones de las Islas Balares (autonómica, insulares y locales) no dejan pasar ocasión para enorgullecerse de, al menos, dos realizaciones de los y las progresistas que gobiernan desde 2015: La puesta en marcha de la Renta Social Garantizada (RESOGA) como gran -y casi única- política contra la pobreza, y la aprobación de la primera Ley de Vivienda de las Illes Balears. Pero la realidad es tozuda, y el fracaso de la RESOGA para la erradicación de la pobreza fue expresamente reconocido por la “máxima autoridad autonómica” en materia de Servicios Sociales. Por lo que hace referencia a la Ley de Vivienda, enunciados como el reconocimiento del derecho subjetivo de la ciudadanía a una vivienda, o “el derecho al acceso a la vivienda en situaciones de especial vulnerabilidad, y, por lo tanto, la obligatoriedad de la Administración de garantizarlo”, devienen en un sarcasmo cuando se confrontan con la geografía y contabilidad de los desahucios, o cuando la administración –en este caso municipal- afirma que "no ha constatado que la familia de Óscar esté en insolvencia sostenida". Igual que en el caso de Carmen -la protagonista del relato de Sara Mesa titulado “Silencio administrativo. La pobreza en el laberinto burocrático”-, la pobreza se confunde con el hambre.

III.- La estigmatización de las personas empobrecidas y/o con carencias materiales: El caso que motiva estas líneas, ha hecho emerger la, más o menos intensa, estigmatización de las clases más subalternas y necesitadas. Detrás de la letanía de alguna persona con responsabilidades políticas en el ámbito de los servicios sociales, consistente en alardear en los medios de comunicación de propuestas que no pasaban por garantizar el mantenimiento del hogar, y de pregonar, literalmente, que “a esta familia la hemos atendido desde el año 2015”, subyace (intencionadamente o no) el mensaje de que las personas empobrecidas no tienen por qué tener garantía de vivir vidas queridas, y, en lugar de reconocer el fracaso del sistema, se lanza el mensaje de “si desde el 2015 les hemos atendido, ya está bien. Hasta aquí hemos llegado”. Cuidado con los mensajes que, aunque sean involuntarios o construidos en función del burocratismo, tengan la más mínima apariencia de aporofobia. ¡Hay demasiado “vox” para que las voces no sean nítidamente anti aporofóbicas!

IV.- La pérdida de capacidad integradora del empleo remunerado: En el caso concreto que nos ocupa –pero seguro que es generalizable-, ayudó mucho a extender el mensaje de estigmatización-culpabilización el hecho de que en el hogar desahuciado había miembros con empleo remunerado. No creo que sea una casualidad. Más bien es una consecuencia de los reiterados mensajes sobre una mejora sustancial del “mercado de trabajo”. A la situación del empleo remunerado se le aplica la lógica de mercado, haciendo, dicho sea de paso, caso omiso a la histórica Declaración de Filadelfia (1944) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la que se estableció el principio según el cual “el trabajo no es una mercancía”.

Esta lógica de mercado se aplica exclusivamente con criterios cuantitativos. Incluso cuando se habla de “trabajo de calidad”, se sigue la lógica mercantil de prestar atención únicamente a la etiqueta. Así nos venden, por ejemplo, como empleos estables los que responden a un contrato fijo, con bajísima protección frente al despido arbitrario, contratos nuevos a jornada completa con una retribución salarial inferior a los de tiempo parcial con mayor antigüedad en la empresa, etc. Después de las Reformas Laborales del austericidio (la del PSOE en 2010, y la del PP en 2012), y mientras no se deroguen y se reviertan sus efectos, lo fundamental es evaluar si el trabajo remunerado mejora o no el grado de integración social, es decir, si remite o no el fenómeno de la pobreza laboral. La realidad –el caso de la familia de Oscar es un ejemplo evidente- es que en la actualidad tener una ocupación remunerada no garantiza en absoluto dejar de ser pobre.

V.- La no valorización de los trabajos de cuidados: Es sabida la feminización de los trabajos de cuidados, y que, en este caso, no aplica la lógica de mercado. Es decir, los trabajos esenciales para la vida de la especie humana no tienen valor económico. Es sabido también que esto ocurre por una construcción social basada en los valores y normas del patriarcado que, entre otras cosas, establece una división discriminatoria del trabajo, que recluye a las mujeres en el espacio de las tareas domésticas, y el servicio de los demás miembros del hogar.

Si todo es sabido, ¿Qué hay en este tema que lo asocie con el desahucio de los Szczesniak Kalinowski? Pues que sospecho que Victoria Kalinonski -la madre de Oscar- suscribiría el manifiesto “Recursos y autonomía para todas: Un manifiesto feminista por la Renta Básica”, recientemente hecho público, en el que se afirman cosas como esta: “Vivimos asfixiadas y con la angustia de no llegar a todo, de que nuestras vidas no sean sostenibles. Del mismo modo que tememos vernos expulsadas del mundo del empleo, y convertidas en cuidadoras sin independencia económica, nos preocupa tener que descuidar a las personas que queremos para entregar todo nuestro tiempo a un trabajo cada vez más precario. Y no queremos, no debemos ser las únicas que cuidan, necesitamos liberar tiempo para todos y todas, necesitamos las condiciones materiales para que nuestra lucha por el reparto del trabajo de cuidados pueda avanzar. Sí, necesitamos recursos, tenemos derecho a nuestro tiempo, no queremos más trabajo, queremos una Renta Básica”.

VI.- La necesidad imperiosa de la Renta Básica (y de otros derechos incondicionales) para socializar en contextos libres de fascismos. Digámoslo sin tapujos: Políticas de izquierdas, o -para ser más precisos en la denominación en la modernidad neoliberal- progresistas sin RB son algo parecido a encargar la organización de una fiesta infantil al mismísimo Herodes, y confiar en que todo acabe bien. Este es un delirante imaginario, que garantiza un fin de fiesta nefasto. La cuestión es que no es menos delirante el empecinamiento de no poner la RB en el centro del debate político, económico, y social. No es pues inimaginable que, sin RB y con palos y desahucios contra Derechos Humanos, no se provoque la extensión del, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, “fascismo social”, que, no se olvide, ya tiene más de medio centenar de voces en el Congreso de los Diputados.

Publicat originalment a SinPermiso  (13-12-2019)

http://www.sinpermiso.info/textos/desahucios-a-palos-contra-derechos-humanos

Empobrecerse: el único derecho garantizado

Publicat originalment a Sin Permiso 29/06/2018

Zygmunt Bauman —en su libro Desconocidos en la puerta de casa— nos advertía sobre «la angustia agobiante» de la llamada clase mediana por «la alta probabilidad de caer en la pobreza». Son las consecuencias de la globalización neoliberal y de los programas europeos de austeridad sin piedad para los débiles. Cada vez resulta más evidente que en el Reino de España, verdaderamente, no es la economía en mayúsculas -con reparto y sostenibilidad ecológica de verdad— lo que ha mejorado, sino que la única mejora sustancial sólo afecta a la situación de las clases poderosas.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que cada año publica el Instituto Nacional de Estadística español (INE), es un instrumento imprescindible para intentar objetivar esta angustia. Pero, antes de analizar, aunque sea sucintamente, los resultados de 2017, recientemente publicados, conviene hacer dos consideraciones previas:

Primera: Cuando, de acuerdo con la ECV, se habla de personas pobres, con riesgo de pobreza o de exclusión social, no nos referimos sólo a la situación de la gente que pide limosna a la puerta de, por ejemplo, una iglesia o un supermercado, o de la que es usuaria permanente de los servicios sociales. En estas categorías están incluidas las personas con unos ingresos económicos y en especie que no los permiten llegar a final de mes con las necesidades básicas decentemente atendidas. Por ejemplo: no pueden hacer frente al coste de una cesta de alimentos suficientemente sana, el dinero no les alcanza para atender un copago farmacéutico, los recibos de alquiler, de la comunidad de vecinos, o de la luz, una actividad extraescolar, o los gastos de los libros de texto, o no les llega el presupuesto para cambiarse las gafas, o pagarse la salud bucodental. Son personas para las cuales unos días de vacaciones al año, o unos módicos consumos culturales son lujos inalcanzables.

Segunda consideración: el “umbral de pobreza” equivale al 60% de la media española de ingresos en el año anterior al de la encuesta, por unidad de consumo (persona u hogar). En lo que hace referencia a la ECV de 2017, este umbral ha quedado fijado para las personas en 8.522 €/año (313 € más que el año anterior). Es imprescindible tener en cuenta que esta es una cifra media que incorpora, como todos los indicadores de renta del INE o de la Agencia Tributaria, rentas muy elevadas y rentas extraordinariamente modestas. Esto podría estar indicando que la situación de pobreza y las diferencias sociales se extreman. Dicho de otra manera, cada vez hay más personas y hogares muy por debajo de este umbral de pobreza. Por otro lado, hay que tener en consideración la distorsión geográfica de este indicador, puesto que, dado el coste de la vida, las carencias materiales serán más severas si se vive, por ejemplo, en Palma, que si se reside en Lugo.

Dicho lo anterior, anotemos los principales resultados: el porcentaje de población en riesgo de pobreza —que no supera el umbral de pobreza— se situó en el conjunto del estado español en un 21,6%, un 0,7% menos que el año anterior. Pero atención: en los Países Catalanes, especialmente en las Islas Baleares, el porcentaje de riesgo de pobreza de 2017 es superior al de 2016, puesto que Cataluña, las Islas Baleares y el País Valenciano registran, respectivamente, un 15%, 21,3% y 25,6% para 2017, frente a un 13,2%, 15,5%, y 24,4% del año anterior.

No obstante, interesa poner especialmente de relieve que el indicador AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion)- que es el homologado en la UE, y que, además de si se llega o no al umbral de la pobreza, incorpora elementos de calidad en la ocupación y de carencias materiales- presenta resultados con la misma tendencia que el anterior: el estado español un 26,6% en 2017 versus un 27,9% en 2016; Cataluña, las Islas Baleares y el País Valenciano, un 19,4%, 24,7% y 31,3% en 2017 versus un 17,9%, 19,1%, y 30,5% en 2016.

Antes de continuar, aclaro que las referencias a los Países Catalanes (el conjunto de comunidades autónomas de habla catalana, y con grandes lazos históricos y culturales) se justifican por el hecho de que una versión previa y más breve de este artículo fue publicada originalmente en un periódico cuyo ámbito lingüístico y de distribución son, precisamente, los Países Catalanes. Ahora añado otra justificación que es más importante: Estas tres comunidades autónomas han puesto recientemente en funcionamiento nuevos subsidios condicionados (Renta Valenciana de Inclusión, Renta Social Garantizada de Baleares, y Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya). Los tres incorporan novedades diferenciadas en cada caso, pero les une una característica nada novedosa, como es su inutilidad para la erradicación de la pobreza y/o del riesgo de exclusion social.

La ECV nos proporciona mucha más información que la que se ha comentado en las líneas precedentes. Por ejemplo, en conjunto del Reino de España, se constata que la pobreza sigue teniendo cara de mujer (tasa femenina de riesgo de pobreza 22,2% vs. tasa masculina 21%, y AROPE 27,1% para las mujeres vs 26% para los hombres); que la pobreza infantil es intolerable, puesto que el 28,1% de la población de menos de 16 años está en riesgo de pobreza, y el 31% en riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador AROPE; y que la perdurable reforma laboral precarizadora cronifica situaciones de exclusión social, incluso para las personas que tienen un trabajo (mal) remunerado, puesto que, al menos, el 46,3% de las personas ocupadas tienen dificultades para llegar a fin de mes.

En cuanto a las carencias materiales concretas, el panorama es el siguiente: en el 34,4% de los hogares ninguno de sus miembros puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; en el 8,3% no se puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada; en el 37,3% no se tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (por ejemplo, una enfermedad, una subida del alquiler, etc.); y en el 7,4% ha habido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibidos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses.

En fin, con las imperfecciones que se quiera, la ECV permite una, digamos, bastante precisa fotografía del empobrecimiento y de las carencias materiales que padece la población. Una información que convine no obviar ya que permite evidenciar que, sin una Renta Básica (universal, incondicional, individual, suficiente, y complementaria al que conocemos como Estado del Bienestar), el único derecho garantizado de verdad para los y las débiles es el de empobrecerse. Es esta una agobiante angustia de consecuencias inciertas.

(Nota: Una versión en catalán y más breve de este artículo fue publicada en el diario JORNADA del 23 de junio de 2018).