Publicat originalment a Sin Permiso (05-04-2020)
I.- Primeros datos sociolaborales después
de la declaración del estado de alarma: El pasado
jueves, 2 de abril, se conocieron los primeros datos oficiales de paro
registrado y de afiliaciones a la Seguridad Social desde la entrada en vigor,
el 15 de marzo, del estado de alarma en el Reino de España para hacer frente a
la pandemia del coronavirus COVID-19. El mes de marzo finalizó con un total de
3.548.312 de personas en paro registrado, lo que significa una variación
interanual de 293.228 personas en términos absolutos, y de un 9.01% en términos
porcentuales. Sectorialmente, la mayor variación es, con diferencia, la del
sector de la construcción, con un incremento del 22,10%, seguido de servicios
(9,91%), industria (7,76%), y agricultura (2,65%).
Por lo que hace referencia a
las afiliaciones a la Seguridad Social, el mes acabó con una media de
19.006.760 afiliaciones (aunque el mensaje gubernamental se refiera a “afiliados”,
siendo esta una cuestión muy relevante, como veremos más adelante). Este
resultado absoluto supone un descenso interanual de 36.817 afiliaciones
(-0,19%). En cualquier caso, el dato más revelador del inicio de la crisis
laboral asociada a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es que el
saldo a último día de marzo (un mes en el que, tradicionalmente, se empiezan a
activar sectores económicos estacionales, singularmente hostelería y
restauración, y crece la actividad de la construcción y de actividades a ella
asociadas para la desaletargación de algunas
importantes zonas turísticas) refleja una pérdida de 833.979 personas
afiliadas. En este sentido, hay que advertir que, si nos referimos a los
registros totales de un día concreto -y no a la media del mes o de otro
periodo-, sí que refleja un determinado número de personas.
En cualquier caso, todo indica
que estos datos oficiales son sólo la punta del iceberg de un panorama
sociolaboral de extrema gravedad. Si se requiere hacer frente a esta crítica
situación con criterios de justicia social, se tendrán que poner en marcha
otros dispositivos legales más estructurales que las medidas coyunturales, como,
entre otros, los ERTEs, el
permiso
retribuido recuperable, y la prohibición
de despedir alegando fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas
y de producción. Adviértase que, a la espera de los primeros
pronunciamientos judiciales, al no haberse tipificado como nulos los despidos
en los que la empresa alegue estas causas, en mi opinión, siguen siendo posibles
estos despidos, aunque sean calificados de improcedentes. Es decir, sigue
siendo posible despedir por estas causas, aunque con una indemnización
ligeramente superior.
Por otra parte, una gestión
justa de esta situación requiere un conocimiento lo más exacto posible de la realidad.
En este sentido, tal y como ha sucedido en la supuesta recuperación de la
anterior crisis sociolaboral, es fundamental ajustar las metodologías de las
estadísticas laborales a la realidad del llamado “mercado de trabajo” realmente
existente. En caso contrario, habrá que recurrir a la ardua y complicada labor
de poner en pie procesos de epistemología popular, y a incentivar trabajos
académicos “no mainstream” para conocer la magnitud de la pandemia de precariedad
laboral y vital provocada, y evaluar el grado de inseguridad e insuficiencia económica
y social de amplias capas de la sociedad.
II.- Mentiras, grandes mentiras y
estadísticas
Téngase en cuenta que las
actuales estadísticas laborales españolas no han sido permeables a la
trasformación de calado que ha sufrido la cuestión laboral como consecuencia
del austericidio perpetrado durante la crisis financiera y económica global de
2008-2012. Por tanto, las, digamos, patologías del mal llamado “mercado de trabajo”
previas a la crisis provocada por el COVID-19 pueden tener un diagnostico
bastante defectuoso. Veamos, sucintamente, algunos ejemplos:
a)
La antigualla del registro administrativo de paro: Las
cifras mensuales de “paro registrado” siguen unos criterios registrales (para
nada estadísticos) establecidos por una Orden
Ministerial de 11 de marzo de 1985 (BOE de 14-03-1985). Dicha
orden, dictada por el entonces Ministro de Trabajo, Joaquín
Almunia, se justificó por “las modificaciones producidas en los últimos años en
la naturaleza y condiciones del mercado de trabajo”. Y así seguimos. Como si en
estos últimos 35 años “la naturaleza y condiciones del mercado de trabajo” no
hubieran sufrido unas brutales modificaciones (entre ellas, la liquidación del monopolio
público de los servicios de búsqueda de empleo), que expulsan de este registro a
mucha gente que busca y necesita un empleo remunerado.
b)
El cuestionable uso del registro de afiliaciones a la
Seguridad Social: Cada mes se presentan, junto a las cifras de “paro
registrado”, los datos en términos de media de las afiliaciones a la Seguridad
Social. La variación de esta cifra media se suele identificar con la variación
de ocupación de aquel mes. Para que esta asociación de media mensual de
afiliaciones y empleo creado o destruido fuera correcta debería hacerse, en el
mejor de los casos, comparando las cifras absolutas de días concretos, que sí se
corresponden con personas y no con “actos administrativos”. Téngase en cuenta
que en la “metodología”
de este registro se establece que “debe indicarse que el número de
afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino con el
de situaciones que generan obligación de cotizar; es decir, la misma persona se
contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga, ya sea porque
tiene varias actividades laborales en un mismo régimen o en varios". La media
mensual es el resultado de una división en la que el dividendo es cada vez mayor
por el importantísimo número de altas en el registro de menos de un mes. Dicho claramente:
Antaño, cuando las contrataciones de duración inferior a 30 días eran
residuales, podría ser útil asociar el resultado medio de afiliaciones a
la Seguridad Social con las variaciones de empleo existentes. Por el contrario,
hoy en día, con una duración media de los contratos (49 días en 2019) a la baja
(más de un 40% en los últimos 12 años), puede ser, más bien, un indicador de
precariedad laboral.
c)
El próximo 28 de abril conoceremos la Encuesta de
Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2020. En términos de ocupación y
paro recogerá sólo en parte los efectos sociolaborales de la pandemia del
COVID-19. Habrá que esperar a los resultados del segundo trimestre para
disponer de datos más robustos. Conviene advertir, no obstante, que, aun siendo
la EPA una operación estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) de
total solvencia técnica, y que forma parte de la oficina estadística de la UE
(Eurostat), para el análisis de sus resultados hay que tener en cuenta que su
metodología es poco exigente para clasificar a las personas ocupadas (personas
que, al menos, han tenido una ocupación de una hora durante la semana de la
encuesta), pero muy exigente para incluirlas en la categoría de paradas
(disponibilidad absoluta para trabajar, busca súper activa de ocupación, etc.).
III.- Situación de partida: Más debilidad de la parte más débil
En cualquier caso, las
patologías de la situación sociolaboral previas al COVID-19 especialmente
importantes son las que, aunque el endeudamiento de familias y personas sea
sustancialmente menor, provocan un extraordinario debilitamiento de las
“defensas sociales" en relación al inicio de la anterior crisis: a)
Siguen, excepto pequeños retoques, en vigor y provocando estragos (entre otros,
el debilitamiento de la capacidad negociadora del sindicalismo, y los
procesos de externalización) las Reformas Laborales de 2010 y 2012; b) el poder
adquisitivo de los salarios de buena parte de la población ocupada va,
independientemente de subidas salariales legales o convencionales, a la baja
por el encarecimiento especulativo de necesidades tan básicas como la vivienda;
c) es innegable que el fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres es
una realidad suficientemente extendida; d) las contrataciones efímeras (las de
muy corta duración) ya no son una forma de entrada al mundo de la ocupación
formal, sino que se han convertido en una manera de estar en él; e) no hay
constancia de que haya disminuido el número de falsos autónomos, y, sin embargo,
la hay de la aparición de nuevas situaciones “deslaboralizadas”, como, por
ejemplo, las personas externalizadas, o los “riders”; d) la seguridad
real de la población asalariada no temporal ha devenido en una seguridad muy
relativa, puesto que han disminuido la protección del contrato fijo (el año
pasado el 40% de los contratos indefinidos duró menos de un año), con mayores
facilidades de despido, y de verse afectado por un ERO; e) las brechas de
género persisten, y la precariedad severa tiene, cada vez, más cara de mujer; f)
no se ha ratificado el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los
trabajadores domésticos; g) la "hucha de las pensiones" está bajo mínimos;
h) los ahorros de los "abuelos" han menguado; i) las tasas de
cobertura de las prestaciones por desempleo están lejos de ser óptimas; j) la jurisdicción
social está colapsada; k) no tenemos una fiscalidad más justa, ni se ha
avanzado sustancialmente en la eliminación de los paraísos fiscales; l) la no
renovación del sistema de financiación autonómica ha sido una -aunque no única-
causa objetivamente estructural en el debilitamiento de los servicios públicos
de salud y de educación, y la atención a las personas en situación de
dependencia, y los servicios sociales acumulan toda clase de déficits; etc.
En definitiva, tal como indican,
entre otros, los estudios de FOESSA-Cáritas, o de la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), el empleo ha dejado de ser un
proveedor garantizado de renta, más o menos suficiente para una cierta
integración social, la precariedad laboral y vital se ha extendido a cada vez
más segmentos de la población no rica, y, por otra parte, el desbordamiento por
insuficiencia e ineficacia del sistema de garantía de ingresos condicionados
resulta a todas luces evidente. La consecuencia de todo ello –aunque no sea la
única causa- es que ha aumentado con creces la desigualdad, hasta el punto de
que no es exagerado hablar de una autentica secesión de los ricos y las ricas.
IV.- ¿Volver a la normalidad?
Este era el panorama
sociolaboral pre crisis provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Desde
que se declaró el estado de alarma, dada la excepcional situación de paralización
–menos estricta en los primeros quince días, más en esta segunda quincena y, al
parecer en el momento que escribo estas líneas, la quinta y sexta semana se volverá
al grado de paralización económica y de confinamiento de la ciudadanía del inicio-
de la actividad económica, en cada uno de los consejos de ministros y ministras
ordinarios y extraordinarios el Gobierno de Coalición Progresista se van
decretando medidas laborales excepcionales como las que mencionaba al principio
de este artículo. Todas ellas tienen un importante grado de coyunturalidad. Sin
embargo, la prolongada y pertinente pandemia de precariedad laboral no ha
merecido decisiones estructurales consistentes en la deconstrucción de las políticas
de sacrificios para la población trabajadora, empezando, por ejemplo con la
derogación de la Reforma Laboral de 2012.
También se van poniendo en
marcha algunas políticas de rentas condicionadas (subsidio de desempleo para
trabajadoras y trabajadores del hogar, y para autónomos; prestación de
desempleo con condiciones especiales y ventajosas para las personas trabajadoras
afectadas por los ERTES; ayudas para el alquiler; y se anuncia una, al parecer
inminente, nueva renta mínima), todas ellas insertas en una suerte de
excepcionalidad que, en algunos casos, singularmente las ayudas para el
alquiler, no resarcen del expolio de derechos a las clases populares practicado
durante la larga etapa de políticas de austericidio.
Es muy cierto que estas medidas,
tanto laborales como sociales, distan muchísimo de las que se tomaron en
aquellos últimos consejos de ministros del Presidente Zapatero (PSOE), y en los de, prácticamente,
toda la legislatura de Mariano Rajoy (PP) en los que, en cada una de sus
reuniones, no faltaba, al menos, un acuerdo por el cual se dinamitaba un
elemento de cohesión social o de equidad. Pero, más allá de sus insuficiencias,
lo realmente preocupante es que parecen insertarse en una estrategia de “cuando
esto pase, se volverá a la situación previa”.
Estos días excepcionales de
confinamiento circula por las redes sociales una imagen en la que se puede ver
un muro en la que se ha escrito lo siguiente (traduzco del original en catalán):
“No podemos volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema”. Desconozco
si la imagen es verídica, o se trata de una fotocomposición, pero, en cualquier
caso, me parece una magnifica advertencia para los tiempos que se avecinan. La
ausencia de Renta Básica (universal e incondicional) era la “normalidad” de la
privación de garantía de ciudadanía, dignidad, y libertad para todas y a todos.
El no abordaje de raíz de la triple crisis ecológica (clima, biodiversidad,
ecosistemas) era la “normalidad” de caminar hacia un planeta inhabitable para
las personas que no sean ricas o muy ricas. En resumen, una vuelta a la
normalidad “neoliberal conservadora” o “neoliberal progre” de capitalismo
extractivista no es la solución, ni en el ámbito sociolaboral, ni en el de los
derechos democráticos, ni, por supuesto, en el medioambiental. Por eso, la
consigna de “no podemos volver a la normalidad” nos anuncia tiempos de
conflicto y movilización social. ¡Nunca fue cierto lo del fin de la historia!
