dilluns, 19 d’octubre de 2020

Islas Balares: La caída de un castillo de naipes


Publicat originalment a SinPermiso (11-10-2020)

Los Pullman son unos edificios en Palma (Mallorca), situados en la zona de Cala Major, que, construidos en los años 60 y como apartotel, han devenido en icono de décadas de degradación y escenario todo tipo de conflictos sociales. Esta huella “suburbial” de la Mallorca  turística es para los apartamentos Pullman, por más intervenciones urbanísticas i/o de remodelaciones que se hagan, indeleble. Son una postal (que no se vende en las tiendas de souvenirs) de las desigualdades. Allí vive gente humilde, mujeres y hombres con vidas precarias, con alto riesgo de pobreza, y justo a unos pocos cientos de metros está el Palacio de Marivent, es decir, la residencia veraniega de la monarquía española que, dicho sea de paso, ejerce una consentida ocupación del palacio palmesano. Marivent fue donado por el mecenas y pintor Juan de Saridakis al pueblo de Mallorca, y, con posterioridad, la franquista Diputación de las Islas Baleares, violando la letra y el espíritu de la generosa donación, expropió a la ciudadanía el palacio y los terrenos para uso y disfrute de los borbones (Este pasado verano se ha constituido la asociación ciudadana “'Recuperem Marivent” cuyo objetivo es la devolución del palacio a la ciudadanía).

El caso es que, en las primeras semanas del estado de alarma, se estrenó en la plataforma Filmin la película del director mallorquín Toni Bestard, titulada “Pullman”. La cinta que, en el momento de escribir estas líneas, se está proyectando en las salas de cine españolas, es una fantástica metáfora -desde la mirada de un niño (Daren) y una niña (Nadia), los protagonistas principalísimos de la cinta- del modelo económico, social, político, y cultural en el que se han asentado las Islas Balares en las últimas décadas. Valga como ejemplo una escena en la que se produce es siguiente diálogo: Nadia: “Mi madre trabaja para la gente rica en los hoteles”. Daren: “Mi padre los construye”. Ambos progenitores realizan, realmente, trabajos subalternos y precarios en el turismo y en la construcción ligada a la actividad turística. La película en cuestión refleja la vidas precarias del modelo de crecimiento de “Todo Turismo”, o, lo que es lo mismo, un modelo de sociedad basado en el monocultivo turístico, que ha hecho que las Islas Balares sean una de las regiones del mundo con mayor tasa de turistización.

Ténganse en cuenta que las Islas Balares, con una superficie de 4.992 km2, y una población de 1.198.576 habitantes (una densidad de población de 240 habitantes por Km2), recibió en 2019 un total de 16.453.697 turistas (109.385.188 pernoctaciones, con una estancia media de 6,6 noches). Es un modelo que precisa de más y más turismo por tierra, mar, y aire, y de cualquier segmento (si bien en los últimos años han experimentado un fuerte crecimiento el de pisos, ligado a las plataformas digitales, y el de lujo. El primero de ellos es causante de la gentrificación de barrios populares y pueblos, y del encarecimiento del precio de la vivienda en alquiler y en propiedad. El segundo pone de manifiesto que, con el desarrollo turísticoespeculativo del lujo (“todos los que trabajan en el lujo de experiencias conocen la importancia del dinero que se mueve, especialmente en la hostelería de gran lujo, la venta y el alquiler de yates, la organización de recepciones o el negocio inmobiliario de privilegio”[i]), progresa la distopia neoliberal en la que una minoría puede vivir vidas de lujo, mientras una mayoría tiene que vivir vidas precarias. El crecimiento de la industria balear de lujo (“… la globalización de ese consumo de lujo […] se traduce sobre todo por el boom del negocio inmobiliario internacional, que ofrece a los superricos un abanico de lugares de ensueño en todos los rincones del mundo (Bahamas, Antillas, Costa Azul, Baleares, Cerdeña, Tailandia, Indonesia, grandes capitales del mundo, etcétera”[ii]) ha ido en paralelo al crecimiento del fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres,  a la pérdida de capacidad de integración social del trabajo remunerado.

El caso es la presión humana sobre Baleares se ha disparado un 45,7% en los últimos 20 años, lo que supone, según el Índice de Presión Humana (IPH), un aumento de 641.210 personas. Al tiempo, la tasa de abandono escolar[iii] y de Arope se mueven en torno al 25% y al 20%, respectivamente. La consolidación del “Todo Turismo con tocho” (modelo de crecimiento especialmente incentivado para superar la crisis del 2008) ha hecho que Baleares sea de las comunidades autónomas con más desigualdad entre ricos y pobres. Un dato: en los últimos años la renta media se ha incrementado un 11%, pero en el caso de la población con menos ingresos esta subida apenas ha sido del 0,6%[iv]. Ante esta realidad, institucionalmente se consolidó una retórica entorno de un supuesto “crecimiento sostenible”, una palabrería sobre la “diversificación económica”, y una propaganda de vacuas “declaraciones de emergencia climática”, que poco –o nada- se correspondían  con la práctica política.

Cuando afirmo que se consolidó esta retórica me refiero fundamentalmente a dos cosas: Al hecho de que, por primera vez en la histórica autonómica balear, se enlazaron dos legislaturas consecutivas con un gobierno presidido por el PSOE-PSIB. Es decir, desde 2015 existe una mayoría parlamentaria “progresista”, formada por PSOE-PSIB, PODEMOS (en la legislatura actual Unidas Podemos), MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, y Gent per Formentera. Aunque entre una legislatura y otra hay una diferencia sustancial: en la de 2015 el peso parlamentario de podemitas y ecosoberanistas era de veinte escaños, por 14 del PSOE-PSIB; en la actual los socialistas suman un total de 19 escaños, y el resto de “progresistas” trece. Quiero decir con ello que en la anterior legislatura autonómica existió una correlación de fuerzas teóricamente más sensible a revertir el guion de un modelo económico medioambiental y social necesitado de, cuanto menos, transitar hacia el decrecimiento turístico; a parar la construcción de mega infraestructuras viarias, portuarias, y aeroportuarias; y a avanzar hacia un imaginario de sociedad con mayores cotas de justicia social y ecológica. Sin embargo, a pesar de las grandes diferencias con los gobiernos del PP en materia de recortes de derechos, gasto en servicios públicos esenciales, políticas de memoria democrática, y en aspectos ambientales, fue una oportunidad perdida. Crecieron el número de plazas turísticas, los cruceros y la masificación turística; se pusieron en marcha proyectos viarios, ampliaciones de aeropuertos, y puertos y el modelo de crecimiento balear siguió repartiendo muy mal la riqueza generada. Los datos avalan esta última afirmación: Según la publicación "Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias", de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), con datos del ejercicio fiscal de 2018 (los últimos disponibles), el número de personas asalariadas con retribuciones anuales que no llegaron al Salario Mínimo Interprofesional (10.303 €) fue de 156. 468, ¡el 29% del total! Es más, la pobreza laboral extrema afectaba a un total de 76.810 personas (en torno a un 6% más que el 2009), que no superaron una retribución salarial anual equivalente a la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (5.151 €).

La segunda cosa relacionada con la consolidación de una particular retorica gubernamental tiene que ver con el aparato propagandístico en que se ha convertido el Consolat de Mar (sede de la presidencia de gobierno). La presidenta Armengol se ha rodeado de un eficaz equipo de periodistas que no paran de generar discursos bastante distantes a la realidad. El “armengolismo” consiste en, por ejemplo, trufar los discursos del palabro “sostenibilidad”, al tiempo que se apuesta por más turismo, y, por tanto, por más emisiones de CO2 generadas por la industria de la aviación; presentarse como campeones de la trasparencia y del “dialogo social”, aunque durante años se ha negado a recibir a la Plataforma Antiautopista, que se opone a la construcción de una mega autopista en Mallorca, y desoye las peticiones de participar en el “Dialogo Social Autonómico” del amplio movimiento ecologista balear; o hacer bandera de los éxitos de la lucha contra la precariedad laboral, independientemente del alargamiento de las colas en las entidades de caridad de trabajadoras y trabajadores pobres[v].

En estas estábamos, preparándonos para una nueva temporada turística 2020 desbordante de records (la preocupación era frenar el “turismo de excesos” y no tanto el exceso de turismo), con proyectos de ampliaciones de aeropuertos (ocultados bajo la retórica de “remodelaciones”), y crecimientos de la construcción (estrechamente ligada a la hostelería y el sector residencial de lujo, y no a dar respuesta las necesidades de vivienda de las clases populares). Estábamos instalados en un no parar en el crecimiento de alquileres de vivienda habitual, promesas de una inconcreta “transición energética”, eufemismos sobre “regulación” (no reducción) de llegadas de cruceros, un negacionismo sobre el exceso de coches -y la no ¡superación de los déficits del  trasporte colectivo- para justificar una política de infraestructuras viarias demencial, reivindicando “a Madrid” -y siendo arma arrojadiza en la disputa partidista- un Régimen Especial para las Islas Balares (REIB) sin que , por cierto, se haga –excepto desde ámbitos del ecologismo social- la más mínima aproximación al para qué se quiere el REIB: ¿Para mantener el modelo con mayores ganancias empresariales?, ¿Para cambiarlo?, ¿Para transitar hacia escenarios de mayor justicia social y ecológica? o ¿Para enriquecer más a las elites? ¡Es patético, dicho sea de paso, que en el “consenso social” sobre el REIB los sindicatos CCOO y UGT hayan comprado la falsedad (demostrada en el caso de las Islas Canarias) de la “teoría del goteo”, es decir, la suposición neoclásica según la cual la creación de riqueza -en el caso de las Islas Baleares, especialmente, riqueza turística- supone el remedio a los problemas de pobreza e injusticia social, y, por lo tanto, es la garantía de cierto progreso, y una aceptable cohesión social.

Y, en estas, se declaró pandemia de la covid-19, se decretó el Estado de Alarma, y el confinamiento. El castillo de naipes del “modelo de éxito del Todo Turismo con tocho” se cayó, mostrando, en toda su crudeza, su fragilidad.

La crisis sanitaria se ha gestionado con claroscuros. Los factores que -sin quitar gravedad a la pandemia, entendiendo las lógicas improvisaciones ante lo desconocido, y suscribiendo los merecidos aplausos al personal sanitario- han evitado escenarios dramáticos son, en mi opinión, los siguientes: la insularidad, que permitió cerrar por mar y aire (de hecho, la presión humana sobre el territorio balear cayo a niveles de hace 16 años); un sistema hospitalario público y privado con instalaciones estructuralmente dimensionadas para una importante población flotante como consecuencia de la estacionalidad turística; una acertada política -desde la anterior legislatura- de mejorar la atención primaria pública; y, la mayor impacto del confinamiento en la reducción de la actividad laboral -y la movilidad a ella asociada- por dos razones: temporada turística estacional medio-baja y grandísimo  porcentaje de la población ocupada incluida en los ERTEs debido a la extraordinaria especialización turística de la región. Cosa distinta ha sido la gestión de la “desescalada”, caracterizada por unas ansias convulsivas en retomar la actividad turística internacional, nacional, y local. El ejemplo más grotesco e inútil fue el “aplaudido” Plan Piloto”, que, como experiencia única en el Reino de España, se desarrolló a principios del mes de junio. De nada sirvió: Ángela Merkel, Boris Johnson, y otros mandatarios de países emisores de turistas mandaron parar. Y casi todo se paró. Algo de turismo español y local no impiden que se pueda hablar de la caída del castillo de naipes construido sobre la total dependencia de un sector económico tan vulnerable como el turismo.

Pongamos algunos números a esta caída: las Islas Baleares encabezan el ranquin de comunidades autónomas en cuanto a previsiones de pérdida de PIB (entre un 30% y un 40%); los datos de paro y empleo –a la espera de conocer los de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2020- también las sitúan, en septiembre, en primera posición en bajada interanual de afiliaciones a la Seguridad Social (-13%), en aumento de paro registrado –, sin contar las personas que están en ERTOs- en relación a septiembre del año anterior (+ 91%), y en porcentaje de puestos de trabajo protegidos por los ERTEs (14,1%). Téngase en cuenta que esta medida de los ERTEs ha tenido una especial repercusión en nuestro mercado laboral, siendo las Islas Baleares la comunidad autónoma más beneficiada puesto que la afectación llego a ser en el mes de mayo del 31,1% (más de 152.000) del total de personas trabajadoras afiliadas, mientras que la media española era del 16,2%. Si a los ERTEs les añadimos la nueva protección a los Fijos Discontinuos (una modalidad contractual muy favorable para el capital turístico) habrá que concluir que buena parte del tejido empresarial y del empleo que subsista una vez superada la pandemia, será por un rescate con dinero público del monocultivo turístico privado insular. Debería haber un antes y un después en el modelo de crecimiento de las últimas décadas. En cualquier caso ha quedado clara la hipocresía neoliberal de “¡abajo el Estado si no es para rescatar al empresariado!”

Es más, en previsión de –en tiempos de antropoceno- probables nuevas pandemias, el decrecimiento turístico, la diversificación económica, y una política económica coherente con la situación de emergencia climática, deberían ser prioridades absolutas de la agenda política autonómica de un gobierno “progresista”. Una agenda que debería complementarse ejerciendo presión sobre el Gobierno de España (igual que se ejerce con el asunto del REIB, o se ha ejercido en lo referente a las sucesivas prórrogas de los ERTEs y la prestación extraordinaria para los Fijos Discontinuos) para la reducción de la jornada de trabajo máxima legal, y a favor de un mayor reparto de la riqueza por la vía de una Renta Básica Incondicional, y de una fiscalidad verdaderamente justa.

Y, sin embargo, se va imponiendo –sin que podemitas y ecosoberanistas se resistan demasiado- el puro conservadurismo. El más de lo mismo -por convicción o por invocación del siempre socorrido “mal menor”[vi], que en Baleares se practica tanto como el turismo de sol y playa- que se explicita en el mensaje gubernamental según el cual el objetivo es situarse en el punto exacto de antes del confinamiento.

En esta orientación no se da puntada sin hilo: primero se firma el “Pacto de Reactivación de las Islas Baleares” que, en pocas palabras, es la renuncia explicita a cualquier inicio de transición imprescindible para que se produzcan cambios en el particular modelo económico balear; seguidamente se aprueban un conjunto de “medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19", que, realmente, son rebajas de requerimientos medioambientales, desregulaciones administrativas por doquier, regalos a los hoteleros que podrán ampliar el número plazas de alojamiento en sus instalaciones cuyo volumen construido podrá crecer hasta un 10%, “olvidos" de, por ejemplo, la economía Social y Solidaria, etc. Además, el movimiento ecologista, que ha impulsado la plataforma “La vida al centre” en reclamación de una transición ecosocial, es marginado de cualquier participación en los diálogos institucionales (confrontar argumentos y propuestas con el ecologismo social no entra en la retórica de campaña electoral permanente del “armengolismo”); se presiona para que los fondos comunitarios sean para reactivar la actividad turística, se practica una obsesión enfermiza  por establecer “corredores turísticos seguros”; se ignora la incómoda realidad de que la planta hotelera está, desde hace algún tiempo, en venta a fondos de inversiones (una realidad que se acelerará en la medida que se acaben los créditos ICO); se manifiesta la comodidad con el Ingreso Vital Básico y su hermana balear, es decir, la Renta Social Garantizada; la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, al tiempo que su gobierno anuncia la tercera ola de la covid-19, proclama -con todo el descaro e imprudencia en un contexto de incerteza pandémica- que la economía se recuperará “de forma vigorosa” a partir de la próxima primavera…

En cualquier caso, lo más trascendente son los toques de sinceridad y de realismo que coyunturalmente aparecen en la escena política, económica, y social. El que mejor resume la situación –habría sido un buen final complementario a las aventuras en la Mallorca turistizada de Daren y Nadia en la película Pullman- es, sin duda, la escena de la presidenta de la gran patronal de Baleares (la CAEB, es decir, la CEOE local) estallando en llanto al cerrar su intervención ante la dirección de la organización empresarial ¡Un lloro sincero por la caída del castillo de naipes del modelo económico, social, político, y cultural del Todo Turismo!

A pesar de vivir en tiempos de incertidumbre, hay algunas certezas. Una de ellas es que la coyuntura política se entremezcla con lo que es estructural. Lo estructuralmente necesario es que se produzcan cambios que difícilmente vendrán de las instituciones o del establishment. La coyuntura está caracterizada por la disputa entre lo institucional -que juega un papel de freno-, y el movimiento social a favor de la transición ecosocial en su papel de empujar la consecución de cambios. Aunque sean cambios de, en palabras Eduardo Galeano, "cosas chiquitas” –por ejemplo no gastar ni un solo euro en promoción turística-,  porque "... al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla aunque sea un poquito es la única manera de probar que la realidad es transformable”.



[i] “El nuevo lujo. Experiencias, arrogancia, autenticidad”. Yves Michaud. Taurus, 2015. Pag. 10.

[ii] “El nuevo lujo. Experiencias, arrogancia, autenticidad”. Yves Michaud. Taurus, 2015. Pag. 55.

[iii] Porcentaje de personas entre los 18 y los 24 años que han abandonado su formación sin haber obtenido el título de Bachillerato o Formación Profesional de grado medio.

[iv] Dato extraído del VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España.

[v] Un reciente trabajo de la Fundación FOESSA con el título “Vulneración de derechos: Trabajo decente” da cuenta de un conjunto de indicadores de precariedad de la población laboral de las Islas Baleares. Resalta el siguiente: En el 20,7% de los hogares la persona sustentadora principal se encuentra en situación de Inestabilidad Laboral Grave que se define por cumplir al menos una de las siguientes categorías a lo largo del último año: haber estado desempleado durante 3 meses o más, haber contado con 6 o más contratos, haber estado contratado por 3 o más empresas, o trabajar sin contrato ni prestaciones a la Seguridad Social.

[vi] Parece poco probable una fórmula de gobierno autonómico alternativa a la actual que o sea el “trifachito”, es decir, PP, Vox y Ciudadanos.

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