Les impresentables propostes de CEOE m'han fet recordar la
“Declaració de València” que es va fer aquesta primavera. Aquest és el text:
Ámbitos académicos, institucionales y
empresariales vienen remarcando que la mayor intensidad del impacto de la
crisis en España –en términos de destrucción de empleo tiene como principal
factor determinante una afirmada “rigidez” de las instituciones laborales. Esta supuesta característica de nuestro
sistema laboral habría impulsado a muchas empresas a hacer frente al cambio de
ciclo con medidas de ajuste del empleo.
El argumento debe ser puesto en cuestión dado que
no es coherente con la realidad de nuestro modelo. Por un lado, es incapaz de
explicar porquecon la misma legislación laboral, a la que ahora se tilda de
rígida y se culpa del aumento del paro, España fue el estado miembro de la UE
que más empleo creó entre los años 1995 y 2007; por otro lado, también omite
que, ya en un escenario de crisis, los niveles de paro presentan una
significativa diversidad territorial entre las Comunidades Autónomas,
difícilmente imputable a una regulación legal única para el conjunto del
Estado. la situación actual de nuestro mercado laboral no puede analizarse con aproximaciones
unidimensionales y reduccionistas ni ofrecer soluciones simples, que pretenden
combatir el desempleo con una actuación centrada únicamente en el factor
trabajo y en el aumento de la precariedad. Al contrario, es necesario subrayar
que los problemas actuales del mercado de trabajo no derivan de un solo factor
y mucho menos de una pretendida dualidad contractual sino fundamentalmente de
la segmentación asentada en la última etapa de crecimiento económico, que se ha
plasmado en la creación de puestos de trabajo de baja calidad e inestables,
queridos y buscados por la propia estructura productiva española.
No obstante esta realidad, la temporalidad y la
precariedad son ya elementos ausentes en el discurso del Gobierno, que pretende
la solución de estos problemas mediante manipulaciones del lenguaje (contrato indefinido de apoyo a los emprendedores) o simple opacidad
en las encuestas. Peor aún, nos encontramos ante una situación en la que la
propia precariedad laboral es una de las líneas maestras de la actual política de
reformas del mercado de trabajo español, que vuelve a caer en la trampa de
perseguir en vano la creación de empleo por la vía de promocionar y generar
empleos sin derechos. Así, la precariedad ya no es una señal de identidad de
los contratos temporales únicamente, sino que se puede afirmar también respecto
de los contratos indefinidos, sometidos a larguísimos periodos de prueba, a
modificaciones salariales o de condiciones de trabajo con pocas garantías o a
despidos fáciles y baratos.
Se trata de un error de consecuencias sociales mayúsculas,
contrario a nuestro marco normativo, estatal e internacional y, además,
probadamente ineficaz. lejos de generar empleo, la precariedad (teniendo la
temporalidad como uno de sus factores) conduce sistemáticamente a una reducción
en la calidad de los trabajos, a una mayor siniestralidad, a una rebaja
constante de los salarios, a mayores dificultades de acceso a la formación, a
la cuasi imposibilidad de obtener la tutela y la representación colectiva
frente al empresario y es, en definitiva, un camino abonado hacia la exclusión
social.
Por todo ello, convencidos de que la precariedad
no crea empleo, el grupo pluridisciplinar de expertos sobre temporalidad,
compuesto por profesores e investigadores de diversas universidades y
organizaciones, mantenemos que el canje de trabajo a cambio de derechos
fundamentales no puede aceptarse. la salida de esta crisis no se conseguirá por
la vía de la precarización laboral sino que requiere una urgente recomposición de
la relación de empleo estable y digno, de los equilibrios de fuerzas entre los agentes
sociales así como del respeto estricto a los marcos normativos internacionales
respecto de los principios del trabajo decente y estabilidad en el empleo. Por
todo ello, proponemos las siguientes vías de trabajo y acción contra la
precariedad:
- Reorientar a corto
plazo las prioridades en materia de política económica, a fin de
contrarrestar los efectos negativos de la aplicación indiscriminada e
intensa de las políticas de austeridad sobre la actividad económica y el
empleo.
- Establecimiento de un
marco jurídico que desincentive la temporalidad, asegurando el estricto respeto
del principio de causalidad, por las siguientes vías:
- Impedir el uso del
contrato de obra y servicio para atender la subcontratación de actividades
y las concesiones administrativas.
- Reforzar la actuación
contra el fraude. Paraello, en particular, aumentar los medios
(personalese informáticos) así como los instrumentos jurídicos de la
inspección de trabajo: permitiendo por ejemplo la declaración directa de
la fijeza del contrato; en esta misma línea se aumentarían los medios de
control sindical del recurso a la temporalidad en cada una de las
empresas.
- Introducir garantías
disuasorias al uso del fraude de ley como la regulación de la nulidad a la
finalización del contrato en supuestos de fraude de derecho.
- Regular y establecer las
garantías jurídicas efectivas que limiten el encadenamiento subjetivo de
contratos, sobre la misma persona trabajadora. Y, simultáneamente,
prohibir el encadenamiento contractual objetivo, respecto un mismo puesto
de trabajo.
- Promover la utilización
de los contratos fijo periódico y fijo discontinuo, para la cobertura de
las actividades de naturaleza intermitente y/o de temporada mediante la
contratación indefinida y estable, asegurando una adecuada protección social
durante los períodos de inactividad.
- Eliminar el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, por ineficaz,
precarizador e incompatible con el corpus constitucional y los compromisos
internacionales asumidos por el Estado español.
- Reforzar la exigencia
del principio de igualdad entre trabajadores temporales e indefinidos, impidiendo
la obtención de ventajas competitivas del incumplimiento de un principio
fundamental del derecho de la Unión Europea. El trabajador temporal debe
dejar de ser más barato a diario.
- Desincentivar realmente
el recurso a la contratación temporal mediante el incremento significativo
de la cotización a la seguridad social, de forma coherente con los efectos
que sobre la protección social tiene la inestabilidad laboral.
- Establecer un mayor
control de la cesión de trabajadores mediante empresas de trabajo
temporal, limitando su actividad a los supuestos de contratación temporal
del art. 15 ET y al sector privado. En esta misma línea, deben reforzarse los
controles sobre las empresas de servicios que actúan de facto como ETTs.
- Promover un
cambio en las bases actuales del modelo productivo, que se ha revelado como claramente insostenible tanto en términos
económicos, como sociales y medioambientales. Las propuestas en este campo no pueden
reducirse sin embargo a estimular cambios en la composición sectorial de
la actividad económica y el empleo (potenciando la modernización de los sectores
tradicionales y el desarrollo de nuevos sectores emergentes de futuro). la
reorientación del modelo productivo debería implicar además transformaciones
significativas en la organización y funcionamiento de las empresas, que
favorezcan el tránsito de un modelo de competencia basado de forma
mayoritaria en la reducción de costes y precios, a otro orientado hacia la
innovación, la inversión productiva, los productos y servicios de mayor
valor añadido y la calidad del empleo.
- Establecer un diálogo
social permanente a efectos de permitir el establecimiento de vías adecuadas
para solucionar el problema de la precariedad.
Concluimos afirmando no es posible plantear una
salida de la crisis del mercado de trabajo profundizando en el modelo
productivo que la ha provocado. Frente a las políticas continuistas es
necesario reforzar los mecanismos de protección social, las políticas de
salario social, las vías y estructuras de consulta y democracia social, las
políticas de empleo orientadas a la calidad en el empleo y el trabajo digno,
sin perder de vista que existe una conexión fundamental entre los mercados de
trabajo europeos, cuya regulación debe, cada vez en mayor medida, abordarse con
un análisis y unas propuestas de conjunto.
Grupo Promotor: Adoración Guamán, Amat sánchez, Raúl lorente, Fernando Rocha, Joaquín
Pérez Rey, Vicent Saragossà, Josep Vicent Pitxer, Vanessa Cordero, Fernando
Fita, Ricard Calvo, Héctor illueca, Miguel ángel Garrido,
Jorge García y Carlos
Alfonso.
Adhesiones Declaración de Valencia: profesores e investigadores de las disciplinas de
Derecho, Economía y sociología,magistrados, abogados laboralistas, inspectores
de trabajo, sindicalistas y otros expertos en materia de mercado de trabajo,
normas laborales y precariedad:
Antonio Baylos (Catedrático de derecho del trabajo,
Universidad de Castilla la Mancha), Joaquín Aparicio (Catedrático de derecho
del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), Margarita Ramos Quintana
(Catedrática de derecho del trabajo, Universidad de la laguna), María Amparo
Ballester (Catedrática de derecho del trabajo, Universitat de València), Berta
Valdés (Catedrática de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha),
Miguel ángel Falguera (Magistrado TsJ de Cataluña), Frederic lópez Mora
(Profesor de derecho del trabajo, Universitat de València), Celia Fernández
Prats (Profesora de derecho del trabajo, Universitat de València), Elena García
Testal (Profesora de derecho del trabajo, Universitat de València), Pilar
Fernández Artiach (Profesora de derecho del trabajo, Universitat de València),
Gemma Fabregat (Profesora de derecho del trabajo, Universitat de València),
Ricardo Esteban legarreta (Profesor de derecho del trabajo, Universitat
Autònoma de Barcelona), Elena Hysás (Profesora de derecho del trabajo,
Universitat Autònoma de Barcelona), María Tebelia Huertas (Profesora de derecho
del trabajo, Universidad Complutense de Madrid), Rosario Gallardo Moya
(Profesora de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), José
Francisco Trillo (Profesor de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la
Mancha), natividad Mendoza (Profesora de derecho del trabajo, Universidad de
Castilla la Mancha), Juana María serrano (Profesora de derecho del trabajo,
Universidad de Castilla la Mancha), Amparo Merino (Profesora de derecho del
trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), nunzia Castelli (Profesora de
derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), Ana Marta Olmo
(Profesora de derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), Antonio
Loffredo (Profesor de derecho del trabajo), Marcial sequeira (Profesor de
derecho del trabajo, Universidad de Castilla la Mancha), Vicent Arrandis (Profesor
de derecho del trabajo, Universitat Jaume i), Pura Peris García (Profesora de
derecho financiero, Universidad de Castilla la Mancha), Sebastián Martín
(Profesor de historia del derecho, Universidad de sevilla), Julián sanz
(Profesor de historia, Universitat de València), Trinidad Núñez Dominguez (Profesora
de comunicación, Universidad de sevilla), Juan José Castillo (Catedrático de
sociología, Universidad Complutense de Madrid), Ramón Alós (Profesor de
sociología, Universidad Autónoma de Barcelona), Fátima Perelló (Profesora de
sociología, Universitat de València), Mila Julve (Profesora de Trabajo social,
Universitat de València), Fernando Esteban (Profesor de sociología, Universitat
de València), Miguel Ángel García Calavia (Profesor de sociología, Universitat
de València), Pedro García Pilán (Profesor de sociología, Universitat de
València), Giuliana ingellis (Profesora de sociología, Universitat de
València), José Beltrán (Profesor de sociología, Universitat de València), Josep
Pérez, Profesor de sociología (Universitat de València), Andreu Tobarra
(Profesor de sociología, Universitat de València), Francisco Torres (Profesor
de sociología, Universitat de València), Juan Pecourt (Profesor de sociología, Universitat
de València), Pere J. Beneyt (Profesor de sociología, Universitat de València),
Enric sanchis (Profesor de sociología, Universitat de València), Francisco Cano
(Profesor de sociología, Universitat de València), lola Meseguer (Profesora de
sociología, Universitat de València), Albert Moncusí (Profesor de sociología y
Antropología social, Universitat de València), Javier Gómez Ferri (Profesor de
sociología, Universitat de València), Empar Aguado Bloise (Profesora de
sociología, Universitat de València), Javier Ferrer Riquelme (Profesor de Trabajo
social, Universitat de València), Daniel Gil-Perez (Profesor de Didàctica de
las CC. Experimentales, Universitat de València), Gabriel Vidal (Profesor de
Enfermería, Universitat de València), Carmina Pascual (Profesora de Didàctica
de la Expresión Corporal, Universitat de València), Alexandra Valencia
(Profesora de Didàctica de la Expresión Corporal, Universitat de València), Consuelo
Mata (Profesora de Arqueología), Amparo Vilches (Profesora de Didàctica de las
CC. Experimentales, Universitat de València), José V. soler Gironés (Profesor
de Economía Aplicada, Universitat de València), Fausto Miguélez, (Catedrático
de sociología, Universidad Autónoma de Barcelona), Teresa Torns (Profesora de sociología,
Universidad Autónoma de Barcelona), Ernest Cano (Profesor de Economía Aplicada,
Universitat de València), Vicente lopez Martinez (Profesor de sociología,
Universitat de València), David llácer (Economista, Gabinete Técnico CCOO-PV), Josep
Banyuls (Profesor de Economía Aplicada, Universitat de València), Juan R. Gallego
(Profesor de Economía Aplicada, Universitat de València), Paco Molina
(secretario General, CCOO-PV), lorenzo Revuelto Taboada (Profesor de Dirección
de Empresas, Universitat de València), Carlos Ochando (Profesor de Economía
Aplicada, Universitat de València), Miguel Torrejón (Profesor de Economía
Aplicada, Universitat de València), Antonio Martín Artiles (Profesor
de sociología, Universidad Autónoma de Barcelona), Andreu
lope (Profesor de sociología, Universidad Autónoma de Barcelona), isabel
Hernández de la Rosa (QUiT, Universitat Autònoma de Barcelona), Artur Aparici (Profesor
de sociología, Universitat Jaume i), Vicent Querol (Profesor de sociología,
Universitat Jaume i), Alberto Montero (Profesor de Economía, Universidad de
Málaga), Bibiana Medialdea (Profesora de Economía, Universidad Complutense de
Madrid), ignacio álvarez Peralta (Profesor de Economía, Universidad de
Valladolid), Alberto Garzón (Economista, diputado del Grupo de izquierda
Plural), Enrique Díez (Profesor de Educación, Universidad de león), loles Dolz
(Catedrática de Filosofía, iEs), Jorge Rodríguez seguin (inspector de Trabajo),
Paloma lópez (secretaria Confederal de Empleo, CCOO), José luís lópez Bulla
(sindicalista), Javier Doz (Adjunto a la Presidencia de la CEs), Javier
Fernández González (Fundación 1º de Mayo), Enrique negueruela (Fundación 1º de
Mayo), Jaume Mayor (sindicalista), Josep Antoni Carrascosa (sindicalista), luís
Fernando Castro (sindicalista), Cristina Terol (sindicalista), Miguel ángel
Vera (sindicalista), Mercedes Aller (sindicalista), Jordi Ribó (sindicalista),
Miguel ángel Fernández Auñón (sindicalista), Ferran Navinés (sindicalista),
Ramón González Díaz (sindicalista), Manuel Pina Lasheras (sindicalista),
Estella Acosta (sindicalista), soledad Fernandez Cano (sindicalista), Vicente
Canet Juan (sindicalista), José Gallo (sindicalista), Cristina segura del Pozo
(Abogada, Gabinete interfederal CCOO), isabel Martinez Pérez (sindicalista),
María José Cherro (sindicalista), Josefina Cueves (sindicalista), Eduardo Gutierrez
Benito (Economista, Gabinete interfederal CCOO), Mª Teresa Uceda Bermejo
(sindicalista), Ramón Baeza san Juan (Director Fundación 1º de Mayo), Francisco
Gaspar Palomo
(sindicalista), santiago Bonilla Anton (sindicalista); Bartomeu Compte (sindicalista);
Cristina Reos (sindicalista); Enrique lópez Téllez (Abogado); David álvarez
(sindicalista); José Antonio de Mingo Blasco, (Fundación 1 de Mayo); lourdes
Fraguas, Profesora de secundaria (FOl); Manuel García Morales (sindicalista);
Rocío Ramada (Asesora laboral); Julián Gutiérrez del Pozo (sindicalista);
nieves san Vicente (Abogada); Bernat Asensi (sindicalista); Rafael del Barrio
(sindicalista); Rafael Borràs Ensenyat (Fundació GADEsO); Marciano sanchez
Bayle (Asociación para la Defensa de la sanidad Pública); María Jesús Esparza
(sindicalista); Óscar Rodríguez (sindicalista); José Mª Fernández de Villalta
(sindicalista); José Campos (sindicalista); Pedro A. Paracuellos
(sindicalista); Pedro Santiago Morte; Ana de sande; César Jaime; Gustavo Guzmán;
Francí Xavier Muñoz Sánchez.
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