El de figurant és un treball ben precari. "Las sociedades democráticas están, en nuestra opinión, fundamentadas en el equilibrio entre economía y mercado, por una parte, y sociedad y política, por otra. Es el equilibrio que permite que las desigualdades no alcancen límites insoportables y que las instituciones democráticas de gobierno sean algo más que meras representaciones de las élites poderosas. A estas alturas es ya incuestionable que una de las causas –la más ocultada y oculta pero no la menos importante- de la actual crisis social, financiera y económica ha sido el aumento de las desigualdades sociales en la distribución de la riqueza. En la pugna sobre cómo salimos de esa situación generada por el integrismo neoliberal no sólo se disputa el reparto de los costes de la crisis, también está en discusión la distribución del poder político en las democracias del siglo XXI. Con precariedad laboral más o menos masiva se conseguirá una salida de la crisis sin garantías mínimas de que no se vuelva a repetir en un corto plazo. En cualquier caso será una solución que precarizará la existencia vital de legiones de mujeres y hombres, se debilitará, en fin, la democracia. Este es el escenario posible aunque absolutamente indeseable de desarrollo inmediato de un modelo económico que ha hecho de la externalización productiva y de prestación de servicios su referencia. Cuando se discute de reglas de contratación laboral y de negociación colectiva es de esto de lo que realmente se trata. Nuestra apuesta es de más y mejor democracia, más y mejor cohesión social y, para ello, es necesario un cambio de patrón de crecimiento que lo haga posible en un marco de economía social de mercado y de profundización de la democracia en lo económico y social.
En Balears el debate está planteado de la siguiente manera: La alta tasa de precariedad laboral se ha reforzado durante los 3 años centrales de la crisis financiera y económica con dos fenómenos graves para la estabilidad en el empleo. Por una parte, se ha producido el cambio de hoteles vacacionales abiertos todo el año a la actividad de temporada y, por otra, se ha practicado una política de recursos humanos de empresas que gestionan servicios públicos, en su día privatizados.
Las Zonas turísticas Norte, Levante y Bahía Sur de Mallorca (incluso Hoteles de la Playa de Palma) han perdido, entre todas, durante 2008, 2009 y 2010, varias decenas de hoteles de actividad permanente, este proceso de reestacionalización se ha producido también en Eivissa y en Menorca, lo cual significa convertir en precarios a centenares de trabajadores estables; porque, no nos engañemos, el fijo discontinuo que empieza con garantía de ocupación de 8 o 9 meses al año termina, al cabo de poco, siendo un eventual de 5 o 6 meses, es decir, un temporero.
Es sabido el poco interés de ciertos empresarios hoteleros en abrir sus hoteles todo el año; prefieren invertir en destinos lejanos, aunque sea a costa de desinvertir en la isla que consolidó su negocio durante tanto tiempo. Por tanto, parece que a corto plazo el panorama del empleo estable en la Hostelería mallorquina es poco halagüeño. Los campos de golf tampoco solucionan nada pues nos devolverían a la especulación inmobiliaria y destrozarían nuestra materia prima: el territorio y el paisaje.
Por si ello fuera poco, empresas que eran públicas o semipúblicas y que concentraban gran cantidad de empleo estable, desde que fueron privatizadas se han unido a la causa de la precariedad laboral como fórmula mágica para garantizar márgenes de beneficio suculentos: proliferan los contratos de pocos meses, de carácter "abierto", es decir, que el trabajador acepte estar disponible a la llamada; se imponen las jornadas parciales y la realización de horas extra que ni se pagan como tales ni se compensan; etc. etc. Todo ello va configurando rápidamente un mercado laboral dualizado e injusto que fractura el tejido social de las islas en una deriva preocupante que convendría frenar en pro del interés general. Los poderes públicos (Govern, Consells, Ajuntaments) deberían ser conscientes de que privatizar empresas públicas y externalizar servicios esenciales a la comunidad no es garantía de mejor atención a la ciudadanía sino todo lo contrario. En situaciones difíciles, como la que atravesamos, nos cercioramos en la práctica de lo erróneas que fueron esas políticas, en su día rendidas a los cantos de sirena de los intereses neoliberales, alejadas del interés general y enemigas declaradas de la economía social de mercado.
También es de todos conocido que Bancos y Cajas de Ahorros niegan , antes y durante la crisis , los créditos al consumo si no se dispone de empleo fijo ; de esta manera , podemos decir que 1 de cada 3 asalariados de Balears tiene cercenada de raíz la capacidad para mejorar su calidad de vida porque, si sumamos eventuales, fijos discontinuos y desempleados , estamos hablando de la friolera de entre 120.000 y 160.000 trabajadores que, en media anual, tienen su capacidad económica seriamente dañada. No es casualidad que hace ya algunos años la posición de Balears en la clasificación de la renta "per cápita" se sitúe en los puestos medianos de las 17 Comunidades Autónomas, cuando en los años 80 y 90 del siglo XX nos codeábamos con las primeras de la tabla; mucho ha tenido y tiene que ver en ello el crecimiento exponencial del trabajo eventual y a tiempo parcial, no solo durante la crisis sino antes de que ésta apareciera. En consecuencia, uno de los motores de nuestra actividad económica que es el consumo de las familias está seriamente averiado y conviene llegar a acuerdos para repararlo; una pieza imprescindible ha de ser el fomento del empleo estable en las Islas.
En fin, el reto del sindicalismo es ser baluarte de los derechos de ciudadanía democrática con convenios colectivos que articulen y normativicen las formas de trabajo en ámbitos sectoriales autonómicos. La apuesta por regular elementos de flexibilidad en las relaciones laborales en el seno de las empresas nada tiene que ver con la atomización empresa a empresa de la negociación colectiva que, sin duda, sería un elemento más en la precarización de las vidas de la gente. El derecho a una razonable felicidad no puede ser moneda de cambio de una ideología de mercado. Los sindicatos ya han jugado en muchas ocasiones este digno papel de defensa de derechos colectivos de civilización, es por ello que, si el movimiento sindical no dimite de sus responsabilidades con los débiles, hay esperanza en un futuro mejor. *Colectivo format per Pedro Calvo Manteca, Rafael Borràs Ensenyat, Jaime Bueno Pardo, Joan Llobera Bennassar, José Luis Reina Segura y Miguel Ángel Mayorga.
Foto. R. Borràs a les Rambles de Barcelona (2011)
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