Es comença donant el missatge
sobre una suposada percepció social contrària als impostos. Es fa en ple procés
de debat sobre l'Impost Turístic *. Es va haver de deixar constància que "No
és cert que a ningú li agradin els impostos".
Després se segueix, en el marc
d'un molt interessant reportatge periodístic, negant la persecució contra el
lloguer turístic il·legal. Inssolit!
Administració al servei del
"capitalisme canalla" que viu en la il·legalitat? Perdó a la
il·legalitat a favor d'una suposada "prosperitat compartida" en la
qual els grans propietaris s'emporten la part del lleó i els petits no arriben
ni a la del ratolí?
Què vindrà després? Qualsevol
cosa menys una millora de la percepció social del turisme. Mala peça al taler!
*Diario de
Mallorca:
Irregularidades turísticas
Turismo
ha puesto este verano multas de hasta 20.000 euros al alquiler ilegal
Aunque
los propietarios que arriendan al margen de la ley se quejan de una
"avalancha de sanciones", el Govern apenas ha impuesto 159 en lo que
va de año, una multa por cada 200 apartamentos que incumplen la normativa - La
Conselleria promete más contundencia la próxima temporada, cuando se regule la
oferta hoy ilegal para permitir parte de ella
09.10.2016
| 02:45
Casi
1.800 pisos alquilados ilegalmente a turistas se apuntan para cobrar la ecotasa
La
inspección a pisos ilegales de alquiler solo actúa en caso de denuncia
Turismo
prepara para 2017 una campaña de multas exprés contra el alquiler ilegal
Alberto
Magro Palma
Ofrecen
más de 120.000 camas a turistas de forma ilegal y se sienten perseguidos. Los
propietarios de apartamentos turísticos aseguran estar sufriendo una
?avalancha? de multas de hasta 40.000 euros. Se lo cuentan a Diario de Mallorca
algunos particulares, aunque la cosa realmente no es para tanto, dicen los
inspectores. De hecho, los técnicos encargados de combatir las irregularidades
turísticas en la economía más turística del Mediterráneo, la de Balears, hablan
de una realidad bien distinta. Nada de avalancha de sanciones. Presión mínima,
dicen, con mimo y vaselina, una campaña de inspecciones limitada a dar
respuesta a las denuncias contra el alquiler ilegal que les van llegando de
vecinos molestos con los excesos de algunos viajeros veraniegos alojados
irregularmente a lo AirBNB y de competidores hoteleros mosqueados con una
oferta que les resta clientes sin pagar los impuestos que tocan y
contraviniendo la ley. ?No se ha hecho nada de oficio?, confirma un técnico de
la Conselleria de Turismo, que alude de paso a la altísima carga de trabajo y
responsabilidad que afrontan los quince profesionales de la inspección,
lastrada además en su operatividad por un sistema anquilosado que hace que los
expedientes sancionadores se demoren durante meses antes de ver la luz.
Lo
reconocen en el equipo político del vicepresident y conseller de Turismo, Biel
Barceló (Més), en el que también niegan la persecución contra el alquiler
ilegal. Cuentan que este verano y a la espera de que en unas semanas presenten
una nueva normativa que autorizará gran parte del alquiler hoy prohibido,
carecía de sentido ir a degüello a por propietarios que operaban
irregularmente. Así que se han limitado a atender denuncias de terceros. Nada de
inspeccionar de oficio. ¿Que hay entonces de esa avalancha de inspecciones de
la que se le quejan a este diario algunos propietarios? Pues que no es tal,
coinciden en afirmar los técnicos y los responsables políticos de Turismo.
Aunque para evitar percepciones, mejor dar números. ¿Cuántas multas han puesto
por alquiler ilegal? Pues en la Asociación de Apartamentos Turísticos de
Balears, Aptur, hablan de cuatro por cada día de agosto. Si así fuera, habrían
caído 240 multas en julio y agosto, una por cada 150 apartamentos ilegales,
según el censo de oferta ilegal que ofrece la propia asociación de apartamentos
turísticos, que cuenta con 180.000 plazas vacacionales, 126.000 de ellas
operando fuera de la normativa actual.
Multas
improbables
Pero es
que ni siquiera se llegó a esa actividad inspectora. Lo confirman en la propia
Conselleria de Turismo, que desnudan con transparencia y sin remilgos su
trabajo de lucha contra la oferta ilegal: en lo que va de año, dicen, es decir,
desde enero hasta el cierre de septiembre, ha habido 198 inspecciones en
apartamentos y viviendas sospechosos de alojar ilegalmente a turistas, y de
ellos apenas 159 acabaron en acta de infracción. 159 multas para los más de
30.000 apartamentos en edificios plurifamiliares que hoy se arriendan de forma
prohibida a turistas. Dicho de otro modo, en las islas abarrotadas hasta el
exceso, en gran medida por la proliferación del alquiler ilegal, Turismo ha
multado este año a uno de cada 200 apartamentos irregulares.
Con lo
que la probabilidad de ser cazado no mete mucho miedo. Quizá por ello este
verano se vieron ofertas que habrían resultado temerarias de no ser por la
ausencia de presión inspectora. Era y es el caso de aquellos edificios
plurifamiliares y residenciales enteros, dedicados a albergar ilegalmente a
turistas justo en la tipología de inmueble más claramente prohibida por la ley,
y justo frente a las sedes de dos de los organismos encargados de perseguir la
economía sumergida en las islas, la Agencia Tributaria de Illes Balears y su hermana
mayor, la Agencia Tributaria Estatal. Lo leyeron en estas páginas este verano
y, por cierto, ahí siguen ofertados en AirBNB esos edificios ilegales completos
que operan ante las mismas narices de esa Hacienda que éramos todos hasta que
la Abogacía del Estado excluyó de la obligación general a la infanta. Si se
abre el foco y se aleja de los aledaños de las sedes de la Agencia Tributaria,
aparecen cientos de ofertas ilegales más el centro de Palma (hay unas 400
ofertas en el casco antiguo de Palma, donde toda oferta es ilegal, al ser todo
edificios plurifamiliares en espacio residencial). Y la ilegalidad se cuenta
por millares si se observa el resto de las islas y el resto de webs que
publicitan la oferta irregular.
Sanciones
a agencias
Para
ellas, para las webs y, sobre todo, para las agencias inmobiliarias que dan
servicios turísticos sin estar registradas como negocio turístico, han sido de
hecho las multas más severas. La regulación balear contempla sanciones de hasta
40.000 euros para quien alquile ilegalmente su vivienda a turistas, pero la
realidad de este verano es que Turismo ha puesto multas de un máximo de 20.000
euros, con las que en el Govern han castigado a agencias que incumplen la
normativa y no registraron su actividad turística.
Los
propietarios también han recibido alguna sanción, siempre en casos en los que
mediaba denuncia de la comunidad de vecinos o similares. Pero ni siquiera en
esos extremos la sanción ha ido muy allá: según explica el presidente de Aptur,
Juan Estarellas, la sanción más dura que han reportado su miles de asociados es
de 6.000 euros. En el Govern y la inspección confirman la cuantía: 6.000 euros
máximo. ¿Muchos? Pues no son una broma, pero tampoco un gran drama: si se
atiende a los precios medios de AirBNB este verano pasado, la noche de
apartamento turístico ilegal en Palma salía siempre por más de 100 euros, y en
la mayoría de los casos por entre 170 y 250 euros, con lo que en un mes se
recaudan esos 6.000 euros de multa. Queda el resto del verano para encima ganar
dinero con una actividad hoy ilegal.
Así que
la presión sancionadora no parece entrar dentro de la categoría de ?avalancha?.
Otra cosa será el verano que viene. Para entonces, si esta vez el conseller
Barceló sí cumple los plazos que él mismo se marca, Balears tendrá en vigor una
remozada normativa turística. Según la Conselleria, con la reforma permitirán
que al menos 43.000 de las 120.000 plazas ilegales hoy activas en Balears pasen
a la legalidad, siempre y cuando cumplan para ello unos requisitos mínimos de
calidad y solvencia turística. También se pretende presionar a las propias webs
que difunden la oferta sumergida, lucrándose de paso con ella. Para AirBNB y
compañía, el Govern planea exigir lo mismo que en Cataluña: que solo se puedan
exhibir como apartamentos de alquiler turístico aquellos que cuenten con un
número de registro de actividad facilitado por el Govern balear y el
ayuntamiento que en cada caso corresponda.
En
2017, fin de la tregua
Con esa
legislación ya en marcha, y por tanto con la posibilidad de operar legalmente
que ahora se le niega a todos los apartamentos de edificios plurifamiliares, la
Conselleria de Turismo promete apretar duro a los infractores. ¿Cómo? Pues
tampoco suena muy duro lo que planean: dicen que en la actualidad el problema
no es tanto de falta de inspectores (aunque haya solo quince para controlar
toda la actividad de unas islas que reciben doce millones de turistas al año)
como de descoordinación entre los profesionales, y sobre todo, de falta de agilidad
a la hora de tramitar expedientes sancionadores. Hoy tardan meses en sacar
adelante una multa, por lo que la idea es que las sanciones corran más y con
ellas cunda el miedo al ejemplo, a esa sanción máxima de 40.000 euros que este
verano es poco mas que un unicornio mitológico, un castigo que solo habita en
la ley y en la imaginación de quienes la formularon. ?Ya no habrá excusa, el
que no cumpla tendrá problemas graves?, abundan en el Govern, que el año que
viene sí estará para hacer cumplir la ley. Dicen.
Las
cifras
31.000
viviendas que se están alquilando ilegalmente a turistas: Según la asociación
que agrupa al alquiler vacacional legal e ilegal (Aptur), en las islas hay
45.775 viviendas dedicadas al negocio turístico, pero únicamente 14.243 están
dentro de la ley, registradas en Turismo y pagando el impuesto de estancias (la
mal llamada ecotasa). El resto, más de 31.000 viviendas con 126.000 plazas en
total, están fuera de la normativa actual, que prohibe alquilar a turistas en
edificios plurifamiliares catalogados como residenciales, precisamente el tipo
de oferta en auge, canalizada a través e webs como AirBNB. Ahora, el Govern
plantea reformar la ley para dar acomodo en ella a unas 43.000 plazas, con lo
que dos terceras partes de la oferta hoy sumergida seguiría siendo ilegal.
