Publicat originalment a SinPermiso
(11-10-2020)
Los Pullman son unos edificios en Palma (Mallorca), situados en la zona de
Cala Major, que, construidos en los años 60 y como apartotel, han devenido en
icono de décadas de degradación y escenario todo tipo de conflictos sociales. Esta
huella “suburbial” de la Mallorca turística
es para los apartamentos Pullman, por más intervenciones urbanísticas i/o de
remodelaciones que se hagan, indeleble. Son una postal (que no se vende en las
tiendas de souvenirs) de las desigualdades. Allí vive gente humilde, mujeres y
hombres con vidas precarias, con alto riesgo de pobreza, y justo a unos pocos
cientos de metros está el Palacio de Marivent, es decir, la residencia
veraniega de la monarquía española que, dicho sea de paso, ejerce una
consentida ocupación del palacio palmesano. Marivent fue donado por el mecenas
y pintor Juan de Saridakis al pueblo de Mallorca, y, con posterioridad, la
franquista Diputación de las Islas Baleares, violando la letra y el espíritu de
la generosa donación, expropió a la ciudadanía el palacio y los terrenos para
uso y disfrute de los borbones (Este pasado verano se ha constituido la
asociación ciudadana “'Recuperem Marivent” cuyo objetivo es la devolución del
palacio a la ciudadanía).
El caso es que, en las primeras semanas del estado de alarma, se estrenó en
la plataforma Filmin la película del director mallorquín Toni Bestard, titulada
“Pullman”. La cinta que, en el momento de escribir estas líneas, se está proyectando
en las salas de cine españolas, es una fantástica metáfora -desde la mirada de
un niño (Daren) y una niña (Nadia), los protagonistas principalísimos de la
cinta- del modelo económico, social, político, y cultural en el que se han
asentado las Islas Balares en las últimas décadas. Valga como ejemplo una
escena en la que se produce es siguiente diálogo: Nadia: “Mi madre trabaja para
la gente rica en los hoteles”. Daren: “Mi padre los construye”. Ambos
progenitores realizan, realmente, trabajos subalternos y precarios en el
turismo y en la construcción ligada a la actividad turística. La película en
cuestión refleja la vidas precarias del modelo de crecimiento de “Todo Turismo”,
o, lo que es lo mismo, un modelo de sociedad basado en el monocultivo turístico,
que ha hecho que las Islas Balares sean una de las regiones del mundo con mayor
tasa de turistización.
Ténganse en cuenta que las Islas Balares, con una superficie de 4.992 km2,
y una población de 1.198.576 habitantes (una densidad de población de 240 habitantes
por Km2), recibió en 2019 un total de 16.453.697 turistas
(109.385.188 pernoctaciones, con una estancia media de 6,6 noches). Es un
modelo que precisa de más y más turismo por tierra, mar, y aire, y de cualquier
segmento (si bien en los últimos años han experimentado un fuerte crecimiento el
de pisos, ligado a las plataformas digitales, y el de lujo. El primero de ellos
es causante de la gentrificación de barrios populares y pueblos, y del
encarecimiento del precio de la vivienda en alquiler y en propiedad. El segundo
pone de manifiesto que, con el desarrollo turísticoespeculativo del lujo (“todos los que trabajan en el lujo de
experiencias conocen la importancia del dinero que se mueve, especialmente en
la hostelería de gran lujo, la venta y el alquiler de yates, la organización de
recepciones o el negocio inmobiliario de privilegio”[i]),
progresa la distopia neoliberal en la que una minoría puede vivir vidas de
lujo, mientras una mayoría tiene que vivir vidas precarias. El crecimiento de
la industria balear de lujo (“… la
globalización de ese consumo de lujo […] se traduce sobre todo por el boom del
negocio inmobiliario internacional, que ofrece a los superricos un abanico de
lugares de ensueño en todos los rincones del mundo (Bahamas, Antillas, Costa
Azul, Baleares, Cerdeña, Tailandia,
Indonesia, grandes capitales del
mundo, etcétera”[ii])
ha ido en paralelo al crecimiento del fenómeno de los trabajadores y
trabajadoras pobres, a la pérdida de
capacidad de integración social del trabajo remunerado.
El caso es la presión humana sobre Baleares se ha disparado un 45,7% en los
últimos 20 años, lo que supone, según el Índice de Presión Humana (IPH), un aumento de 641.210 personas. Al
tiempo, la tasa de abandono escolar[iii]
y de Arope se mueven en torno al 25% y al 20%, respectivamente.
La consolidación del “Todo Turismo con tocho” (modelo de crecimiento
especialmente incentivado para superar la crisis del 2008) ha hecho que
Baleares sea de las comunidades autónomas con más desigualdad entre ricos y
pobres. Un dato: en los últimos años la renta media se ha incrementado un 11%,
pero en el caso de la población con menos ingresos esta subida apenas ha sido
del 0,6%[iv].
Ante esta realidad, institucionalmente se consolidó una retórica entorno de un supuesto
“crecimiento sostenible”, una palabrería sobre la “diversificación económica”,
y una propaganda de vacuas “declaraciones de emergencia climática”, que poco –o
nada- se correspondían con la práctica
política.
Cuando afirmo que se consolidó esta retórica me refiero fundamentalmente a
dos cosas: Al hecho de que, por primera vez en la histórica autonómica balear, se
enlazaron dos legislaturas consecutivas con un gobierno presidido por el
PSOE-PSIB. Es decir, desde 2015 existe una mayoría parlamentaria “progresista”,
formada por PSOE-PSIB, PODEMOS (en la legislatura actual Unidas Podemos), MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca, y Gent per Formentera. Aunque entre una
legislatura y otra hay una diferencia sustancial: en la de 2015 el peso parlamentario
de podemitas y ecosoberanistas era de veinte escaños, por 14 del PSOE-PSIB; en
la actual los socialistas suman un total de 19 escaños, y el resto de
“progresistas” trece. Quiero decir con ello que en la anterior legislatura autonómica
existió una correlación de fuerzas teóricamente más sensible a revertir el
guion de un modelo económico medioambiental y social necesitado de, cuanto
menos, transitar hacia el decrecimiento turístico; a parar la construcción de
mega infraestructuras viarias, portuarias, y aeroportuarias; y a avanzar hacia un
imaginario de sociedad con mayores cotas de justicia social y ecológica. Sin
embargo, a pesar de las grandes diferencias con los gobiernos del PP en materia
de recortes de derechos, gasto en servicios públicos esenciales, políticas de
memoria democrática, y en aspectos ambientales, fue una oportunidad perdida.
Crecieron el número de plazas turísticas, los cruceros y la masificación
turística; se pusieron en marcha proyectos viarios, ampliaciones de aeropuertos,
y puertos y el modelo de crecimiento balear siguió repartiendo muy mal la
riqueza generada. Los datos avalan esta última afirmación: Según la publicación
"Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias", de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), con datos del ejercicio
fiscal de 2018 (los últimos disponibles), el número de personas asalariadas con
retribuciones anuales que no llegaron al Salario Mínimo Interprofesional
(10.303 €) fue de 156. 468, ¡el 29% del total! Es más, la pobreza laboral
extrema afectaba a un total de 76.810 personas (en torno a un 6% más que el
2009), que no superaron una retribución salarial anual equivalente a la mitad
del Salario Mínimo Interprofesional (5.151 €).
La segunda cosa relacionada con la consolidación de una particular retorica
gubernamental tiene que ver con el aparato propagandístico en que se ha
convertido el Consolat de Mar (sede de la presidencia de gobierno). La
presidenta Armengol se ha rodeado de un eficaz equipo de periodistas que no
paran de generar discursos bastante distantes a la realidad. El “armengolismo”
consiste en, por ejemplo, trufar los discursos del palabro “sostenibilidad”, al
tiempo que se apuesta por más turismo, y, por tanto, por más emisiones de CO2 generadas
por la industria de la aviación; presentarse como campeones de la trasparencia
y del “dialogo social”, aunque durante años se ha negado a recibir a la
Plataforma Antiautopista, que se opone a la construcción de una mega autopista
en Mallorca, y desoye las peticiones de participar en el “Dialogo Social
Autonómico” del amplio movimiento ecologista balear; o hacer bandera de los
éxitos de la lucha contra la precariedad laboral, independientemente del
alargamiento de las colas en las entidades de caridad de trabajadoras y
trabajadores pobres[v].
En estas estábamos, preparándonos para una nueva temporada turística 2020
desbordante de records (la preocupación era frenar el “turismo de excesos” y no tanto el exceso
de turismo), con
proyectos de ampliaciones de aeropuertos (ocultados bajo la retórica de “remodelaciones”),
y crecimientos de la construcción (estrechamente ligada a la hostelería y el
sector residencial de lujo, y no a dar respuesta las necesidades de vivienda de
las clases populares). Estábamos instalados en un no parar en el crecimiento de
alquileres de vivienda habitual, promesas de una inconcreta “transición
energética”, eufemismos sobre “regulación” (no reducción) de llegadas de
cruceros, un negacionismo sobre el exceso de coches -y la no ¡superación de los
déficits del trasporte colectivo- para
justificar una política de infraestructuras viarias demencial, reivindicando “a
Madrid” -y siendo arma arrojadiza en la disputa partidista- un Régimen Especial
para las Islas Balares (REIB) sin que , por cierto, se haga –excepto desde
ámbitos del ecologismo social- la más mínima aproximación al para qué se quiere
el REIB: ¿Para mantener el modelo con mayores ganancias empresariales?, ¿Para
cambiarlo?, ¿Para transitar hacia escenarios de mayor justicia social y
ecológica? o ¿Para enriquecer más a las elites? ¡Es patético, dicho sea de
paso, que en el “consenso social” sobre el REIB los sindicatos CCOO y UGT hayan
comprado la falsedad (demostrada en el caso de las Islas Canarias) de la
“teoría del goteo”, es decir, la suposición neoclásica según la cual la
creación de riqueza -en el caso de las Islas Baleares, especialmente, riqueza
turística- supone el remedio a los problemas de pobreza e injusticia social, y,
por lo tanto, es la garantía de cierto progreso, y una aceptable cohesión
social.
Y, en estas, se declaró pandemia de la covid-19, se decretó el Estado de
Alarma, y el confinamiento. El castillo de naipes del “modelo de éxito del Todo
Turismo con tocho” se cayó, mostrando, en toda su crudeza, su fragilidad.
La crisis sanitaria se ha gestionado con claroscuros. Los factores que -sin
quitar gravedad a la pandemia, entendiendo las lógicas improvisaciones ante lo
desconocido, y suscribiendo los merecidos aplausos al personal sanitario- han
evitado escenarios dramáticos son, en mi opinión, los siguientes: la
insularidad, que permitió cerrar por mar y aire (de hecho, la presión humana
sobre el territorio balear cayo a niveles de hace 16 años); un sistema
hospitalario público y privado con instalaciones estructuralmente dimensionadas
para una importante población flotante como consecuencia de la estacionalidad
turística; una acertada política -desde la anterior legislatura- de mejorar la atención
primaria pública; y, la mayor impacto del confinamiento en la reducción de la
actividad laboral -y la movilidad a ella asociada- por dos razones: temporada
turística estacional medio-baja y grandísimo porcentaje de la población ocupada incluida en
los ERTEs debido a la extraordinaria especialización turística de la región. Cosa
distinta ha sido la gestión de la “desescalada”, caracterizada por unas ansias
convulsivas en retomar la actividad turística internacional, nacional, y local.
El ejemplo más grotesco e inútil fue el “aplaudido” Plan Piloto”, que, como experiencia única en el Reino
de España, se desarrolló a principios del mes de junio. De nada sirvió: Ángela
Merkel, Boris Johnson, y otros mandatarios de países emisores de turistas
mandaron parar. Y casi todo se paró. Algo de turismo español y local no impiden
que se pueda hablar de la caída del castillo de naipes construido sobre la
total dependencia de un sector económico tan vulnerable como el turismo.
Pongamos algunos números a esta caída: las Islas Baleares encabezan el
ranquin de comunidades autónomas en cuanto a previsiones de pérdida de PIB
(entre un 30% y un 40%); los datos de paro y empleo –a la espera de conocer los
de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2020- también
las sitúan, en septiembre, en primera posición en bajada interanual de
afiliaciones a la Seguridad Social (-13%), en aumento de paro registrado –, sin
contar las personas que están en ERTOs- en relación a septiembre del año
anterior (+ 91%), y en porcentaje de puestos de trabajo protegidos por los ERTEs
(14,1%). Téngase en cuenta que esta medida de los ERTEs ha tenido una especial
repercusión en nuestro mercado laboral, siendo las Islas Baleares la comunidad
autónoma más beneficiada puesto que la afectación llego a ser en el mes de mayo
del 31,1% (más de 152.000) del total de personas trabajadoras afiliadas,
mientras que la media española era del 16,2%. Si a los ERTEs les añadimos la
nueva protección a los Fijos Discontinuos (una
modalidad contractual muy favorable para el capital turístico) habrá que concluir
que buena parte del tejido empresarial y del empleo que subsista una vez
superada la pandemia, será por un rescate con dinero público del monocultivo
turístico privado insular. Debería haber un antes y un después en el modelo de
crecimiento de las últimas décadas. En cualquier caso ha quedado clara la
hipocresía neoliberal de “¡abajo el Estado si no es para rescatar al empresariado!”
Es más, en previsión de –en tiempos de antropoceno- probables nuevas pandemias,
el decrecimiento turístico, la diversificación económica, y una política
económica coherente con la situación de emergencia climática, deberían ser
prioridades absolutas de la agenda política autonómica de un gobierno
“progresista”. Una agenda que debería complementarse ejerciendo presión sobre
el Gobierno de España (igual que se ejerce con el asunto del REIB, o se ha ejercido
en lo referente a las sucesivas prórrogas de los ERTEs y la prestación
extraordinaria para los Fijos Discontinuos) para la reducción de la jornada de
trabajo máxima legal, y a favor de un mayor reparto de la riqueza por la vía de
una Renta Básica Incondicional, y de una fiscalidad verdaderamente justa.
Y, sin embargo, se va imponiendo –sin que podemitas y ecosoberanistas se
resistan demasiado- el puro conservadurismo. El más de lo mismo -por convicción
o por invocación del siempre socorrido “mal menor”[vi],
que en Baleares se practica tanto como el turismo de sol y playa- que se explicita
en el mensaje gubernamental según el cual el objetivo es situarse en el punto
exacto de antes del confinamiento.
En esta orientación no se da puntada sin hilo: primero se firma el “Pacto de Reactivación de las Islas
Baleares” que, en pocas
palabras, es la renuncia explicita a cualquier inicio de transición imprescindible
para que se produzcan cambios en el particular modelo económico balear; seguidamente
se aprueban un conjunto de “medidas urgentes y extraordinarias para el impulso
de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de
las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de
la crisis ocasionada por la COVID-19", que, realmente, son rebajas de
requerimientos medioambientales, desregulaciones administrativas por doquier,
regalos a los hoteleros que podrán ampliar el número plazas de alojamiento en
sus instalaciones cuyo volumen construido podrá crecer hasta un 10%,
“olvidos" de, por ejemplo, la economía Social y Solidaria, etc. Además, el
movimiento ecologista, que ha impulsado la plataforma “La vida al centre” en
reclamación de una transición ecosocial, es marginado de cualquier
participación en los diálogos institucionales (confrontar argumentos y
propuestas con el ecologismo social no entra en la retórica de campaña
electoral permanente del “armengolismo”); se presiona para que los fondos
comunitarios sean para reactivar la actividad turística, se practica una
obsesión enfermiza por establecer
“corredores turísticos seguros”; se ignora la incómoda realidad de que la
planta hotelera está, desde hace algún tiempo, en venta a fondos de inversiones
(una realidad que se acelerará en la medida que se acaben los créditos ICO); se
manifiesta la comodidad con el Ingreso Vital Básico y su hermana balear, es
decir, la Renta Social Garantizada; la presidenta del Gobierno, Francina
Armengol, al tiempo que su gobierno anuncia la tercera ola de la covid-19, proclama
-con todo el descaro e imprudencia en un contexto de incerteza pandémica- que
la economía se recuperará “de forma vigorosa” a partir de la próxima primavera…
En cualquier caso, lo más trascendente son los toques de sinceridad y de
realismo que coyunturalmente aparecen en la escena política, económica, y
social. El que mejor resume la situación –habría sido un buen final
complementario a las aventuras en la Mallorca turistizada de Daren y Nadia en
la película Pullman- es, sin duda, la escena de la presidenta de la gran
patronal de Baleares (la CAEB, es decir, la CEOE local) estallando en llanto al cerrar su
intervención ante la dirección de la organización empresarial ¡Un lloro sincero por la caída del
castillo de naipes del modelo económico, social, político, y cultural del Todo
Turismo!
A pesar de vivir en tiempos de incertidumbre, hay algunas certezas. Una de
ellas es que la coyuntura política se entremezcla con lo que es estructural. Lo
estructuralmente necesario es que se produzcan cambios que difícilmente vendrán
de las instituciones o del establishment. La coyuntura está caracterizada por
la disputa entre lo institucional -que juega un papel de freno-, y el
movimiento social a favor de la transición ecosocial en su papel de empujar la
consecución de cambios. Aunque sean cambios de, en palabras Eduardo Galeano, "cosas
chiquitas” –por ejemplo no gastar ni un solo euro en promoción turística-, porque "...
al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla aunque sea un poquito es
la única manera de probar que la realidad es transformable”.
[i] “El nuevo lujo.
Experiencias, arrogancia, autenticidad”. Yves Michaud. Taurus, 2015. Pag. 10.
[ii] “El nuevo lujo.
Experiencias, arrogancia, autenticidad”. Yves Michaud. Taurus, 2015. Pag. 55.
[iii] Porcentaje de personas
entre los 18 y los 24 años que han abandonado su formación sin haber obtenido
el título de Bachillerato o Formación Profesional de grado medio.
[iv] Dato extraído del VIII
Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España.
[v] Un reciente trabajo de la
Fundación FOESSA con el título “Vulneración de derechos: Trabajo decente” da
cuenta de un conjunto de indicadores de precariedad de la población laboral de
las Islas Baleares. Resalta el siguiente: En el 20,7% de los hogares la persona
sustentadora principal se encuentra en situación de Inestabilidad Laboral Grave
que se define por cumplir al menos una de las siguientes categorías a lo largo
del último año: haber estado desempleado durante 3 meses o más, haber contado
con 6 o más contratos, haber estado contratado por 3 o más empresas, o trabajar
sin contrato ni prestaciones a la Seguridad Social.
[vi] Parece poco probable una
fórmula de gobierno autonómico alternativa a la actual que o sea el “trifachito”,
es decir, PP, Vox y Ciudadanos.
