Publicat
originalment a Sin Permiso (10-05-2024)
En
un artículo publicado aún no hace un año en Sin Permiso, y titulado “Viraje a la extrema derecha en las
Illes Balears”,
escribí: “Un aspecto importantísimo del pacto PP-VOX es la articulación de un plan de ataque en toda regla a la lengua propia de las
Illes Balears, el catalán. Una lengua que precisa de una decidida intervención
de los poderes públicos para evitar su paulatino desuso social. Por eso, la
política lingüística tendente a impulsar el uso de la lengua catalana en las
Illes Balears es un rasgo fundacional de nuestra autonomía. Dicho plan de
ataque no tiene otro sentido que fomentar el discurso de odio y la descohesión
social, y negar el derecho a ser atendido en catalán en la administración
pública, la sanidad, etc.”. Disculpen que inicie estas líneas auto citándome,
aunque sea para corregirme. Lo cierto es que en los escasos diez meses de
gobierno autonómico del PP (cada vez más secuestrado y cómodamente metabolizado
en el fondo -aunque disimulando en las formas- con las “guerras culturales” y
con los discursos de odio de VOX), no han desplegado un convencional “plan de
ataque”. Lo que han puesto en marcha es
un nuevo intento de eliminación de la lengua catalana en las Illes Balears. En
fin, un nuevo Decreto de Nueva Planta.
La
escalada de odio es vertiginosa: eliminación del requisito para el personal
sanitario público de unos mínimos de conocimiento de catalán, es decir, ataque
a los derechos lingüísticos de los y las pacientes. A lo que hay que añadir la
incapacidad del gobierno autonómico del PP de despejar la incógnita sobre si
también se eliminará este requisito para el conjunto de empleados y empleadas
públicos autonómicos; supresión en el organigrama gubernamental de la Dirección
General de Política Lingüística que, desde hace décadas, y siguiendo el mandato
del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, ha implementado, con mayor o
menor entusiasmo, las acciones públicas de impulso y promoción del catalán. Por
el contrario, para escándalo de la ciencia sociolingüística, y del más
elemental sentido común, ya han presentado el proyecto de la pactada oficina
para la defensa del castellano. Dicho proyecto se retiró temporalmente por el
cúmulo de errores técnico-jurídicos que Vox cometió en su elaboración. No es
una anécdota ya que el pacto PP-Vox establece que será la ultraderecha quien
dirigirá este “chiringuito” para (re)españolizar las Islas Baleares (sic).
En
esta escalada del odio hacia la lengua propia de las Illes Balears hay tema un
fundamental y transcendental: la aprobación por parte del gobierno del plan de
segregación lingüística en el sistema educativo. Como han señalado todas las personas
expertas, este plan no es para mejorar -aunque sea modestamente- el sistema
educativo desde el punto de vista de recursos pedagógicos. El único objetivo es
reducir la presencia del catalán en las escuelas. Dicho plan se presenta
hipócritamente como voluntario. Es el concepto de voluntariedad -igual que el
de “libertad”- de las derechas de nuestros tiempos: voluntariedad y libertad
desde la profundización en la desigualdad. Un oxímoron consistente en incluir
en el “club de personas libres” a quienes no tienen -o son precarias- las
condiciones materiales para ejercer esta supuesta libertad. En el caso que nos ocupa,
los centros escolares que apliquen la segregación lingüística recibirán un plus
no menospreciable de recursos económicos, mientras que aquellos que ejerzan la libertad
de decir “¡No a la segregación! serán castigados. Entre la segregación
lingüística y la segregación por clase social hay una línea finísima, e
inexistente es la línea entre la supuesta voluntariedad y el desvío de más
recursos públicos a la escuela concertada. Añadamos que el Consejo Escolar de
las Illes Balears –el órgano consultivo y de representación para la enseñanza
no universitaria-, como la práctica totalidad de la comunidad educativa,
rechaza de plano este plan de segregación lingüística y social.
Este
es el paquete de medidas contra la lengua catalana puesto en marcha por parte
del gobierno autonómico, pero hay más: las de los Consejos Insulares (una
especie de diputaciones de elección directa que en cada una de las islas tienen
competencias claves), de importantes ayuntamientos como el de la capital, Palma,
o el del populoso municipio turístico de Calvià. Incluso, aunque sorprenda, la
Casa Real española se ha unido a esta cruzada de odió al catalán.
Pues
sí, en un ejercicio de terraplanismo, unos días antes de la gran movilización
convocada por la Obra Cultural Balear, el rey Felipe VI concedió el título
de Real a la “Academia de la lengua balear”. Es decir, el borbón da apoyo a un grupúsculo de
extrema derecha que, desde hace muchos años, defiende que la lengua de las
Islas Baleares no es el catalán ¡Un auténtico disparate! Es como si la corona
reconociera oficialmente que, pongamos por caso, la lengua de los andaluces y andaluzas
no es el castellano, que es el andaluz o sevillano, o malagueño, etc. El
escándalo ha sido tal que hasta el PP se abstiene en una petición institucional de
rectificación real.
En
cualquier caso, lo grave del asunto es que esta decisión Felipe VI la toma a
sabiendas de lo que hace y con oscurantismo: conoce suficientemente la realidad
de Mallorca pues, desde que nació, es uno de los ocupantes del
palmesano Palacio de Marivent;
sabe que los ataques contra la unidad de la lengua catalana son ataques contra
su fortaleza y reconocimiento; y es consciente de que premia a la extrema
derecha que le vitorea cada verano en las calles ¡Y, encima, la Casa Real tiene
la desfachatez de justificar este terraplanismo lingüístico en base a unos supuestos
informes y opiniones técnicas que se niega a hacer públicos! ¿Alguna duda de
las simpatías de la monarquía española hacia la extrema derecha y sobre la
falta de la más elemental transparencia? ¡Ninguna! Tampoco parece haber duda alguna
sobre la determinación de la mayoría social resumida así: La lengua [catalana]
no se toca, la unidad de la lengua tampoco.
Ante
este panorama, desde hace meses empieza una reacción social de fondo: nace una plataforma
de cerca de 30 organizaciones de la comunidad educativa; reaparecen las
camisetas verdes y se reactiva la Asamblea de Docentes que fue clave en la
anterior “Rebelión verde en las Islas
Baleares”; la Obra
Cultural Balear (OCB)
-la entidad decana en la defensa del catalán y que nunca falla a la hora de
movilizar a la ciudadanía-, calienta motores elevando el tono reivindicativo. Su
presidente, Antoni Llabrés, -de reciente elección, por cierto- ejerce y
consolida un liderazgo social incuestionable, y muy en consonancia con la
historia y trayectoria de la OCB. De él es la frase “Perquè el
nostre amor a la llengua i a Mallorca és infinitament més fort que el seu odi” (Porque nuestro amor a la lengua
y a Mallorca es infinitamente más fuerte que su odio”), que se ha convertido en
una consigna de esta etapa en la que “resistiremos en la defensa de esta tierra
del saqueo ético, social, cultural y medioambiental porque, como le dijo en
1855 el Jefe Seattle al presidente de EEUU, Franklin Pierce: La Tierra no nos
pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra"*.
Y
llegamos a la gran movilización. La OCB, coincidiendo con el final del
“Correllengua” -una gran carrera popular no competitiva que, organizada por la
asociación juvenil “Joves per la llengua”,
involucra a la gran mayoría de los pueblos de la isla, y en la que los
corredores y corredoras se desplazan entre los núcleos llevando una llama
encendida que parte del santuario de Lluc simbolizando la reivindicación y
vitalidad de la lengua catalana-, convoca a la ciudadanía a concentrarse el 5
de mayo en la Plaza Major de Palma. La convocatoria, respaldada por un gran número
de asociaciones de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, etc., desborda
todas las previsiones. Se movilizan más de 40.000 personas con una
esperanzadora gran presencia de gente joven. Ante la multitud, el presidente de
la OCB planteó la que para mí es una idea clave de su combativo discurso: dirigiéndose
a la presidenta del gobierno autonómico, afirma “Ha de elegir […] O está con la
mayoría social de Mallorca … o está y continua ignominiosamente arrodillada
ante el fascismo”. Antoni Llabrés, ejerciendo su, insisto, consolidadísimo
liderazgo social, planteo una movilización sostenida en el tiempo y anunció la
próxima cita, el 2 de junio, contra la derogación de la Ley balear de Memoria
Democrática.
En
esta coyuntura de resistencia en la que, dicho sea de paso, se están fraguando
también resistencias al destrozo territorial y a la superlativa
turistificación, conviene recordar lo que el maestro Josep Fontana afirmaba en
su libro de 2005 “La construcció de la identitat” (La construcción de la identidad):
“Una historia es siempre la genealogía de un proyecto social determinado, y no
la de una ‘unidad de destino en lo universal’ como las que postulaba el
fascismo, definidas arbitrariamente desde arriba e impuestas hacia abajo a
sangre y fuego. En este sentido, cualquier comunidad tiene tantas historias
posibles como proyectos de futuro alimenten sus miembros”. Como somos más los y
las que queremos alimentar un futuro distinto a esta pesadilla de
desigualdades, de darwinismo social, de aniquilación de la lengua propia, de
incultura, de negacionismo científico, de ultra nacionalismo español, de desmemoria
democrática, de odios… vale la pena resistir. La historia no se espera, se
hace. Y en ese hacer historia la movilización social es fundamental. ¡Habrá más
y más masivos 5 de mayo!
